Uno de los síntomas de la puja en la coalición oficialista son las diferentes miradas sobre sí implementar correcciones a la economía para alivianar el déficit fiscal o “patear” el problema para más adelante y concentrarse en las urgencias electorales que se vienen. Este dilema fue puesto de manifiesto con la autorización y posterior anulación del aumento del 7% a las prepagas y la postergación de la suba en los boletos en el transporte público de pasajeros del AMBA para marzo próximo.
El Ejecutivo sorprendió el 31 de diciembre con sendas publicaciones en el Boletín Oficial que terminaron eliminando el ajuste del 7% en la medicina privada que había sido negociado por las cámaras empresarias con el ministro de Salud, Ginés González García. Por la mañana del último día de 2020 se publicó una resolución y en las primeras horas de la tarde se corrigió: “Por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud en los términos establecidos en la Resolución N.º 2987 del MINISTERIO DE SALUD publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha”, informaba el texto. Las quejas de las firmas no se hicieron esperar en un año en que el “gasto covid” demandó mayores costos para el sistema.
Algo similar ocurre con las obras sociales sindicales que reclaman a la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Eugenio Zanarini, vinculado al ministro González García, reembolsos por los mayores gastos. Hace 10 días ese reclamo disparó un paro de actividades de los maquinistas de La Fraternidad.
Otra de las idas y vueltas en el mentado descongelamiento tarifario, uno de los gestos de ajuste en las cuentas que el gobierno dispensa hacia el FMI la búsqueda de un acuerdo para 2021, ha sido la readecuación de los pasajes de trenes y colectivos que circulan en el área metropolitana. La Ciudad la semana pasada ya informó una suba en el subte del 43%, dividida en dos etapas.
Para el transporte con jurisdicción nacional, el ministro Mario Meoni había anticipado el 11 de diciembre ante una consulta de la prensa acreditada de Casa Rosada que “esperamos terminar de analizarlo en el transcurso del mes de diciembre, para aplicarlo en los primeros meses del año próximo”. Rápidamente esas declaraciones intentaron ser minimizadas por la comunicación oficial. Lo cierto es que funcionarios de Transporte y de Nación Servicios –que tiene a su cargo la administración de la tarjeta SUBE- se reunieron con sus pares de Economía para actualizar el cuadro tarifario.
Pero, en el medio, pasaron cosas. Una semana después de las declaraciones del funcionario massista, habló Cristina Kirchner en el recordado acto celebrado en el Estadio Único platense, que había sido organizado por el gobernador Axel Kicillof y que tuvo a Alberto Fernández con el discurso de cierre. La vicepresidenta no sólo castigó a los “funcionarios con miedo” sino que dijo que en 2021 habría que “alinear precios, salarios y jubilaciones” para evitar que la inflación nuevamente haga perder poder adquisitivo a la población. Un mensaje hacia dentro del gobierno, pensando en cuidar los bolsillos de un electorado que deberá revalidar o no la gestión del Frente de Todos en octubre próximo.
“Cristina marcó un rumbo. Nos votaron en 2019 para recuperar la economía y la vida de la gente”, explicó una fuente cercana a la expresidenta. En ese encuentro celebratorio de la “unidad” del FdT, la titular del Senado también dio otro consejo que, como se ve, aún hoy retumba en el seno del oficialismo: «Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos».
Es que ante los reclamos de obras sociales y prepagas, hoy el gobierno analiza reformular el sistema sanitario para hacer frente a los “gastos covid” y a los tratamientos complejos autorizados por el PMO. También desde aquellas declaraciones, no se volvió a hablar de los incrementos en los pasajes del transporte público. “Hasta marzo no se activa”, fue la lacónica respuesta a #BORDER de una calificada fuente gubernamental sobre qué iba a ocurrir con los aumentos en los servicios de pasajeros del AMBA anunciados para las primeras semanas de 2021.
En marzo también deberían conocerse los ajustes en las tarifas de luz y gas que vienen siendo auditadas por la Secretaria de Energía, a través de una renegociación tarifaria integral (RTI) que comenzó en diciembre. Una fuente de esa cartera deslizó que, conscientes del impacto inflacionario y del malhumor social que dispararía un tarifazo, “sólo un 15% pagaría una boleta casi sin subsidios. El resto de los usuarios tendrán muchas bonificaciones”.
