Este lunes desde el ministerio de Seguridad de la Nación solicitaron la compra de dos mil copas menstruales que serán destinadas a fuerzas policiales. Este pedido se solicitó bajo el número de proceso 347-0038-CDI22 y para darle continuidad al Programa de Gestión Menstrual impulsado por la ministra de Mujeres de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
En esta compra se destinarán hasta $ 3.220.000, lo que daría un valor unitario de $ 1.610, precio no mucho más barato que al que se puede acceder en cualquier farmacia. En esta licitación participaron tres oferentes. MediFarm S.A y Orien S.A ofertaron $ 3.200.000, y Rosana María Leonor Pollero $ 2.628.000. Si bien las tres empresas pasaron a la etapa de selección, aún no se adjudicó este pedido a ningún oferente.
Leé también: La declaración de Alberto Fernández que Luciani utilizó como prueba contra CFK
Como cada compra adherida al sistema compr.ar se le adjudicará el valor de la misma en las partidas presupuestarias del ente, organización y/o ministerio solicitante, por lo que esta compra está sujeta directamente al financiamiento estatal.
Sin embargo, esta vez lo «alarmante» o al menos lo insólito, no es el gasto sino la compra en sí. ¿Por qué el Estado se involucra en el ciclo menstrual de las fuerzas o sobre todo, por qué interviene en cómo debe este sobrellevarse? No se están comprando productos (varios) de higiene femenina, sino, específicamente, copas menstruales. ¿Por qué?
Este pedido forma parte de la puesta en acción del Programa de Gestión Menstrual, y también por la petición de algunas funcionarias, entre ellas, Cecilia Gómez Mirada y Mercedes D’Alessandro, que advirtieron hace dos años sobre la necesidad de que el Estado «esté presente» y haga efectiva una «Justicia Menstrual».
«La menstruación es un factor de desigualdad. Las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstrúan», indicó D’Alessandro en aquel entonces.
En este sentido, a principios de este año, luego de que sacara el foco en el Coronavirus, Elizabeth Gómez Alcorta comenzó a poner sobre la marcha la idea de implementar una Ley de Gestión Menstrual que no solo abarque a las mujeres, sino también a las personas no binarias.
Leé también: Un preso linchado, drogas y ¿una amoladora?: zona liberada en una comisaría de Wilde
Es por ello que, en una jornada que se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado de la Nación a principios de este año, la ministra declaró: «Pensar la gestión menstrual desde la política pública es clave porque es un derecho que favorece al ejercicio de otros derechos. Esta agenda llegó para quedarse, por lo que resulta central continuar el trabajo articulado entre el ejecutivo y el parlamento, además del vínculo con los gobiernos provinciales y locales».
«Que nosotras seamos las que menstruamos no quiere decir que no sea un tema de política pública y como se trata además del acceso a derechos, es un tema de todos, de todas y de todes».
Entonces, estos proyectos y declaraciones que finalmente mutaron en forma de un Programa de Gestión Menstrual se basa en brindarles de manera gratuita a diferentes organismos dependientes del Estado copas menstruales, porque estas cuidan el medio ambiente a diferencia de otros productos de higiene femenina.
Este programa apunta a una normativa que regule y garantice «el acceso a una gestión menstrual sustentable con el ambiente y sostenible en términos económicos».
Además:
