El hombre es un violador serial. No ataca a cualquiera, elige a mujeres de pelo largo que tengan entre 20 y 30 años. Tiene un método preciso: actúa de noche, persigue a sus víctimas en moto, les hace creer que tiene un arma, las amenaza de muerte y las lleva a un descampado cerca de las vías del tren. Después las viola y, según el humor del día, también les roba. Cuando está satisfecho, las deja semidesnudas y shockeadas en medio de la oscuridad, y escapa. Pero no sin llevarse un recuerdo de su “hazaña”. El hombre tiene una obsesión: guardar las bombachas de sus víctimas. Se llama Fabricio Alberto Álvarez Albarracín y -entre el 2008 y el 2009- violó, al menos, a ocho mujeres. Dos años después, fue detenido en su casa de Flores y condenado por el Tribunal Oral 16 de Capital Federal a cincuenta años de prisión. Pero ahora, quieren bajarle la condena. En tanto, miles de chicos pasan años en la cárcel por robo y hurto.
Por Leila Sucari
El lunes pasado, la decisión judicial fue confirmada pero se ordenó que la causa vuelva al tribunal para que se haga una revisión de la sentencia. Los jueces (Juan Carlos Gemignani, Luis María Cabral y Ana María Figueroa) coinciden en la responsabilidad de Albarracín pero consideran que condenarlo a medio siglo de cárcel atenta contra la finalidad resocializadora, viola pactos internacionales e implica “un trato cruel e inhumano”. Por eso sugieren que la pena baje de 50 a 30 años. O sea que Albarracín, de 32 años de edad, en vez de salir de la cárcel a los 82, sería liberado al cumplir los 62. Mientras, miles de chicos –la mayoría de origen humilde y con pocos o nulos recursos para ejercer su defensa- pasan años tras las rejas en prisión preventiva, por haber cometido delitos menores y sin haber sido condenados. ¿No es eso un atentado contra la reinserción del delincuente? Las torturas físicas y psicológicas, el abuso de poder y el hacinamiento son moneda corriente en la mayoría de las cárceles de nuestro país. ¿Por qué la Justicia no se ocupa de resolver estos tratos crueles e inhumanos, en vez de gastar tiempo y recursos para bajarle la pena a un violador serial que ya fue condenado? ¿Menos tiempo tras las rejas modifica la reinserción o habría que trabajar más en la creación de cárceles dignas y en el desarrollo de programas de reinserción efectivos? ¿Para quién funciona la Justicia?
Según un informe del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) el 59,50% de los presos son internos que están bajo el régimen de prisión preventiva. “El problema es la enorme cantidad de personas, pobres en su gran mayoría, encarceladas sin condena”, señala un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). “La mayoría de las personas privadas de su libertad sufren condiciones de detención que implican severas violaciones a sus derechos fundamentales. La superpoblación carcelaria, la ausencia de controles efectivos, la creciente militarización de las instituciones, el uso cotidiano de diversas formas de violencia ilegal como mecanismo de disciplina carcelaria y la articulación de redes ilegales como medios para la gestión de la vida cotidiana en las cárceles, conforman un escenario construido por errores, déficits y fracasos de las políticas penitenciarias”, denuncia el CELS.
La revisión del funcionamiento del sistema carcelario es imprescindible. No es posible que en un país democrático la mayoría de los presos no hayan sido condenados.A Es un castigo de clase: los pobres –por las dudas- se quedan adentro y los que no, pagan su libertad. Así como tampoco es justo que los condenados por delitos graves, como son el asesinato y la violación, queden en libertad o se les reduzcan las penas.
La abogada de una de las mujeres violadas por Albarracín, afirmó que las víctimas aún sufren las secuelas de los ataques: “Algunas perdieron sus trabajos, se mudaron, no salen de noche, visten de negro para no llamar la atención en la oscuridad, y no calzan botas, para evitar hacer ruido al caminar”. Por eso la intención de reducir la pena de Albarracín hizo reaccionar a varios. Por ejemplo a Deborah Huczek, abogada del Programa de Patrocinio de Querellas Para Víctimas de Delitos Graves, que representó a una de las jóvenes atacadas, aseguró que el caso se trata de una cuestión de género, ya que Albarracín seleccionaba a las víctimas por su sexo. “Sostenemos que la pena de 50 años es constitucional y es legal”, dijo. “Y por eso reclamaremos a la Corte”.
Hoy hablamos mucho de la inseguridad que sentimos cada vez que salimos de nuestras casas. Pero la inseguridad no está sólo en la calle. La inseguridad, también, es jurídica. Y está en la falta de confianza en la Justicia, en falta de intención política para cambiar los sistemas viciados que no funcionan, en la corrupción del sistema penitenciario y policial y en las decisiones de los jueces que, en tantos casos, nos resultan absurdas y poco justas.
Para saber más
http://www.cels.org.ar/home/index.php
http://www.inecip.org/
