La Ley de Abastecimiento y la Ley Antiterrorista han puesto los pelos de punta al empresariado local: por primera vez en once años de kirchnerismo, las diferentes cámaras han rechazado unánimemente una iniciativa del Gobierno, algo hasta ayer impensado. CFK, en un contexto de inflación, déficit y desaceleración de la economía -estamos por llegar al tercer semestre de caída en la producción, lo que se considera técnicamente como recesión, según datos del mismo INDEC-, el Gobierno ha decidido ajustar las tuercas tanto con los gremios como con las empresas. La aventura con los gremios ya ha dejado más de un foco de incendio, que se reavivará a principios de 2015, tras un 2014 que cerrará con una suba de precios de alrededor del 40%.
El otro frente es el empresario, y es allí donde Cristina salió con los tapones de punta blandiendo la ley de Abastecimiento (20680), que data del gobierno peronista de 1974 y que constituye una herramienta para intervenir en la actividad privada en épocas de crisis. Los puntos que generan el rechazo tanto de la UIA, como de Adeba, CAME y AEA son las siguientes atribuciones del Estado:
*”Establecer precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad”
*”Intervenir temporariamente para su uso: explotaciones agropecuarias, forestales y mineras; establecimientos industriales, comercios y empresas de transporte consignando con posterioridad su valor de uso y/o sus costos operativos, además de exigir y secuestrar declaraciones juradas y otros documentos”.
* “Obligar a continuar con la producción, comercialización, distribución o prestación de servicios”.
*La ley prevée sanciones a quienes «elevaren artificial o injustificadamente los precios, acaparasen o destruyesen materias primas o productos, y negaren o restringieren la venta de bienes».
*Los castigos van desde la clausura y arresto por 90 días, con secuestro de las mercaderías hasta inhabilitación especial de uno a cinco años para ejercer el comercio y la función pública. En casos de extrema gravedad, el arresto puede cambiarse por prisión de seis meses a cuatro años.
Si a esta ley le sumamos el primer caso de denuncia presentado por el Gobierno por el caso del “quiebre expréss” de la gráfica Donnelley, el nerviosismo del sector empresario empieza a entenderse. El secretario de Comercio y compañero del Nacional Buenos Aires del ministro Kicillof, Augusto Costa, rechazó de plano las acusaciones de un vuelco “chavista” en la economía. “Esta ley tiene 40 años, así que difícilmente pueda decirse algo así”, subrayó. Es sin embargo una salida por la tangente. Chavista o no, la “amenaza” de la ley es un escollo más para CFK en su camino a la salida del Gobierno.
¿Pero qué rol juega el fracaso en el acuerdo con los fondos Buitre? Es fundamental para el humor de los mercados, esos que con una corrida pueden hacer temblar los cimientos de cualquier democracia. La última jugada del Gobierno, que ha demostrado querer llegar hasta la última instancia en su batalla con el juez Griesa, es llevar el caso a Naciones Unidas, mientras el Citibank reclama la liberación del pago girado por el Gobierno argentino y los seguros de default son subastados en Nueva York.
“El Gobierno y los empresarios esperaban un segundo semestre salvador, que revirtiera la tendencia a la baja en la actividad. La situación hoy es preocupante, porque no habrá crédito externo a tasas razonables, a pesar de todos los esfuerzos de pago que el país realizó con el Club de Paris, el CIADI y Repsol. Dos puntos de caída en el PBI es algo que todos vemos en el horizonte. La realidad es que si Cristina eligió este camino y lleva adelante estas batallas en frente interno y externo, quien llegue en 2015 va a encontrar un panorama muy complicado”, explicó a #BorderPeriodismo un economista con un cargo en la función pública.
La unión de los empresarios, que hasta ahora ha sido endeble, podría representar un escollo para el Gobierno. La pregunta es si resistirán a la presión estatal o cederán ante los embates para no provocar la fractura total.
