La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuán por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Marijuán reclama que los funcionarios de Desarrollo Social no tomaron medidas contra las irregularidades que se dieron a conocer hace unas semanas, a pesar de haber prometido dar de baja a quienes incumplieron con las normas para cobrar los beneficios sociales.
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Los infractores, según el informe que dio a conocer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son 253.184 del programa Potenciar Trabajo. Estos usuarios recibieron -y aún reciben- la ayuda estatal a pesar de haber declarado bienes tales como embarcaciones, autos y casas, y en otros casos también compraron dólares. Es por ello que, tras darse a conocer estas irregularidades, el fiscal Marijuán inició una investigación y solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos: el primero fue el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quién minimizó los informes argumentando que son «estadísticos» y no nominales por el «secreto fiscal» al que está impuesto el organismo recaudador, y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento.
Esta tajante respuesta se deben a las críticas de la ministra Tolosa Paz que, aún siendo contadora, dijo que la AFIP no había proporcionado la identidades de los titulares del plan social de los que, por ejemplo, tienen autos con menos de un año de antigüedad, compraron dólares y eran dueños de más de una propiedad.
Luego de Castagneto, el miércoles fue el turno de Juan Manzur, el jefe de Gabinete, quien declaró por escrito, respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en la exdiputada nacional Tolosa Paz.
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El Jefe de Gabinete afirmó que conocía el contenido del informe de la AFIP solicitado por el exministro Juan Zabaleta, el listado de los titulares del Potenciar Trabajo -más de 1.300.000 y «los requisitos» para ser excluidos del programa», en ese sentido comentó: «De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el ‘Potenciar Trabajo’, como así también la aprobación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos».
Y se desligó comentando que la «autoridad de aplicación» es el Ministerio de Desarrollo Social, al cual está al mando Victoria Tolosa Paz desde el 13 de octubre, tras la salida de Juan Zabaleta.
Aunque también la responsabilidad recae sobre el secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que es quien administra -y administrará el año próximo- el presupuesto más alto que se ha dado en políticas alimentarias. Este 2022 se destinó un total de $594.285.915.597, pero para el año próximo los fondos se duplicarán y superarán el billón de pesos: $1.169.156.152.175.
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