El fiscal fue encontrado sin vida, con un tiro en la cabeza. Podría tratarse del primer ajuste de cuentas en la descarnada interna de la Secretaría de Inteligencia. El Gobierno intenta despegarse de cualquier sospecha y abona la hipótesis del suicidio. la pregunta que todos hacemos: ¿De quién es el muerto?. Análisis de una guerra interna con condimentos extranjeros y un final impredecible en esta nota de #BorderPeriodismo.
Por Javier Álvarez (@JaviAlvaBa)
La bala calibre 22 que le puso fin a la vida del fiscal Alberto Nisman configuró el peor de los escenario posibles para el Gobierno, por el manto de sospechas y especulaciones que brotaron con extrema inmediatez, superficialidad, irresponsabilidad y conspiración. Nisman ofició de chivo expiatorio en una batalla que va más allá de la denuncia que el fiscal hizo pública la semana pasada, cuando acusó a Cristina Kirchner de intentar encubrir el terrorismo que voló la AMIA.
Al fiscal lo empujaron a un lugar indeseable en el que lo más oscuro del poder y las mafias de las corporaciones política, económica y judicial se disputan espacios a fuerza de sangre y terror. Y luego, lo dejaron solo.
Hay factores a analizar después de esta muerte: el rol de los ex integrantes de la Secretaría de Inteligencia, con Antonio “Jaime” Stiusso a la cabeza, y su relación con los espías de la CIA estadounidense y el Mossad israelí. «Yo usé una mínima parte de los informes de inteligencia de Stiusso, no porque fueran malos, sino porque no se podían usar. Eso lo ponía de malhumor a Stiusso”, confesó Nisman en una de sus últimas entrevistas con la prensa la semana pasada.
Stiusso es el hombre sobre el que se posan todas las miradas: a principios de mes fue el protagonista de una polémica entrevista periodística en la que reconoció la durísima interna en la SI, que desembocó en el tardío descabezamiento de esa oficina sensible. El espía ahora más temido por el kirchnerismo y la oposición fue el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia desde 1972 y hasta este año, cuando él mismo decidió romper con su carácter de agente secreto.
Ese temor de oficialistas y opositores radica en la posibilidad de que se haya descontrolado la interna de espías en la Secretaría de Inteligencia y el impredecible alcance de una guerra por venir.
Quedarse con que Nisman denunció a la Presidenta porque temía ser desplazado de la causa AMIA tras diez años de no lograr avances en la investigación del atentado es pecar, al menos, con ingenuidad.
No se puede obviar ir más allá, tener en cuenta cuál es la superestructura política que operó sobre el fiscal de la mano inseparable de la contrainteligencia interna y su dependencia directa de servicios extranjeros. Esa misma contrainteligencia que dio pie en el país al avance descomunal del crimen organizado (narcotráfico y las redes de trata de personas y proxenetismo) del que obtienen sustento económico. Y surgen preguntas: ¿Por qué se trabó e infectó la causa AMIA desde el mismísimo momento en que estalló el coche bomba el 18 de julio de 1994? ¿Quiénes motivaron realmente que jamás es esclareciera nada? ¿Por qué Nisman no logró avances?
Y resulta indivisible el análisis de la relación entre el estallido de la denuncia de Nisman en plena feria judicial y su muerte con el escenario electoral de 2015 y la posibilidad de que el kirchnerismo se reconvierta y gane en las urnas de octubre. Entre un suicidio inducido y un crimen existen diferencias jurídicas, pero el efecto político que produce la muerte en un escenario como el actual es el mismo: un revoleo de sospechas, acusaciones, incertidumbre y pánico. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió concretamente antes de la cena del domingo en el baño del departamento en que vivía el fiscal en Puerto Madero y, quizás, sólo quizás, la necropsia del cadáver logre despejar las dudas. Un análisis honesto plantea que por más que los expertos de la Policía Científica bonaerense determinen que había residuos de pólvora en las manos del fiscal Nisman, no podrá despejarse el manto de sospechas del folclórico debate en la mesa familiar.
El paréntesis entre la muerte del fiscal y su denuncia previa contra la Presidenta hizo que se sembraran por sí solas sospechas sobre la eventual responsabilidad del Gobierno en el disparo del arma calibre 22 que mató a Nisman. Los problemas estructurales que el kirchnerismo padece en sus formas de comunicación y proceder ante hecho de fuerte impacto social vino a colaborar desde la madrugada para que esas sospechas se incrementaran. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, llegó al lugar del hecho en la madrugada y antes de que hablaran la fiscal a cargo de la investigación y la jueza del caso salió a afirmar: «Todos los caminos conducen al suicidio».
A sus 51 años, Nisman sabía que la denuncia que había hecho le podría costar su carrera dado que de tener escuchas ilegales brindadas por espías de la SI y haber incurrido en mal desempeño, su destino era el juicio político y, posiblemente, la cárcel. Pero el fiscal tenía claro que perder su cargo o la cárcel misma eran un mal menor: «Yo puedo salir muerto de esto […] Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona», había expresado Nisman la semana pasada.
La investigación de la muerte está a cargo del titular del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº5, Manuel Arturo De Campos, y de la fiscal Viviana Fein.
