La organización no gubernamental Human Rights Watch realizó un duro informe donde afirma que existen «problemas de derechos humanos en Argentina». El texto se centra en varios episodios que tuvieron lugar durante el 2022, aunque incluye el reciente pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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El informe señala que «en Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho». Además hacen mención al intento del oficialismo de ampliar de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema a través de un proyecto de ley: «el gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales».
«En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte. El proyecto no había sido tratado en la Cámara de Diputados al momento de la redacción de este informe», agregan.
Human Rights Watch consideró que estos repentinos intentos de ampliar la Corte se debieron a las causas que pesan sobre la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, ante ello señalaron que la Justicia aún se encuentra investigando «la presunta participación de la vicepresidente en hechos de corrupción» -además de la causa Vialidad, por la cual ya fue condenada-.
Además del peligro que enfrenta el Poder Judicial ante los ataques del oficialismo, la organización afirmó que económicamente el país está atravesando una gran «crisis política potenciada por las dificultades económicas y de polarización que han creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos». «Al momento de la redacción de este informe, se encuentra en curso una investigación sobre el intento de asesinato contra Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, en el cual un hombre gatilló su arma dos veces cerca de la cabeza de la vicepresidenta», añadieron.
Pero, puntualmente sobre la crisis económica, el informe resalta las complicaciones que tienen los ciudadanos de bajos recursos y, sobre todo, los niños: «Una larga crisis económica, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos».
«Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia», alertaron.
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Estas alarmantes cifras van de la mano con el incremento de la inflación, por ello Human Rigths Watch detalló que el «Banco Central proyectó que la inflación podía superar el 100 % en 2022, lo que dificultaría aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas».
Human Rights Watch contra Pedro Castillo
El pasado 7 de diciembre Cancillería Argentina publicó un comunicado en donde pidieron la restitución de Pedro Castillo en la presidencia, luego de que este intentara realizar un auto golpe. En respuesta a esto, la directora de la organización no gubernamental, Juanita Goebertus, salió a cruzar a los dirigentes oficialistas por no defender el estado de derecho.
«Lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción», publicó el 12 de diciembre.
Por su parte la organización publicó un comunicado condenando el accionar de Castillo y cargó contra los líderes mundiales que pidieron su restitución: «Human Rights Watch condena categóricamente el intento del expresidente Pedro Castillo de socavar el estado de derecho en el Perú. El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la “reorganización” del poder judicial, del Ministerio Público y de otros organismos del estado, lo que en la práctica constituye un autogolpe de estado».
«Llamamos a la comunidad internacional a apoyar las garantías e instituciones democráticas en el Perú», concluye el informe de la organización que lucha por los derechos humanos.
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