«Encontraron una bolsa con guita, como en el caso de Felisa Micheli”, contó un juez con cara de preocupación. El rumor de la “bolsa” comenzó a circular en los últimas semanas por los tribunales federales de Retiro, donde se investigan las principales causas de corrupción contra el Gobierno y por donde pasan los centenares de causas de drogas en la Capital Federal. Algunos jueces, fiscales y periodistas conocedores de la cómo funciona el sistema judicial no encontraban razones para creer que el hallazgo fuera un hecho casual o aislado de lo que se sospecha, sucede con naturalidad en los tribunales.

Por Marita Tudor

El personal de seguridad de los tribunales labró un acta con el dinero encontrado por un periodista que fue a uno de los baños de los juzgados, se topó con la bolsa por casualidad y la llevó al puesto de ingreso de Comodoro Py 2002. “Alguien se olvidó plata en un baño o dejó un pago para alguien y lo encontraron antes de tiempo”, sospechó un fiscal ajeno a estas prácticas pero enterado de cómo funciona el toma y daca en los tribunales. “Se lo debe haber olvidado un operador”, especuló un juez.

La suma de dinero no era importante y era en pesos. “¿Cuánto era, 10 mil pesos?”, preguntó una periodista. “Más de 10 mil”, contestó uno de los testigos del hallazgo de su colega.

Que la suma fuera moderada y en pesos enseguida descartó que fuera un pago dirigido a un juez y puso a empleados en la mira del “run run pasillero”. El destino de las causas también está en manos de personas anónimas que trabajan en los juzgados y toman decisiones o aconsejan a sus superiores. Las versiones de que las decisiones de algunos jueces están tarifadas no es nueva en tribunales. Las anécdotas de valijas llevadas por operadores del Gobierno y de empresarios de alto, mediano y bajo nivel son parte de la idiosincrasia tribunalicia.

Las valijas de alto nivel circulan en dólares, cuentan en off the record un magistrado que asegura haber rechazado una oferta de un enviado del Gobierno en uno de los casos de corrupción que más alteró al oficialismo en 2014. Lo que le ofrecieron equivale al valor de una megapropiedad en cualquiera de los barrios más acaudalados del país.

Hasta hace unos años, la ex SIDE manejaba el flujo de dinero en la Justicia. No sólo lo admiten jueces y fiscales. Lo sostiene el propio Gobierno, que usó esos canales con asiduidad y tras su enfrentamiento con Jaime Stiuso salió a acusar al jefe de los espías de jugarle en contra en los tribunales y manijear jueces y fiscales para que abran denuncias e investiguen nuevos o viejos casos contra la Presidenta y algunos de sus principales hombres de confianza.

El hombre que monopolizó esos canales durante los años de bonanza entre el Ejecutivo y la Justicia fue Javier Fernández, hombre de confianza de Stiuso y uno de los funcionarios que puede vanagloriarse de haber puesto jueces y fiscales a su antojo. Tras sufrir un atentado contra su vida -le tiraron nueve balazos a su auto a la salida de un almuerzo-, Fernández se “retiró” de su rol de operador. Pero siguió siendo el canal de Stiuso y algunos de sus funcionarios de mayor confianza para sacar las papas del fuego cuando fuera necesario. Julio De Vido, por caso, es un íntimo amigo de Fernández y siempre cuenta con sus gestiones. Cuando el juez federal Claudio Bonadio pidió la captura de Ricardo Jaime por un caso de corrupción, las gestiones de Fernández lograron que la Cámara Federal diera marcha atrás con la decisión del juez. Fernández niega operar en los tribunales, como ha sostenido a los periodistas que lo consultaron sobre su fama de “gestor” de problemas judiciales.

No es el único operador, por cierto. Hay funcionarios que tiene llegada directa a los jueces, como Carlos Zannini o De Vido. El ministro de Planificación envía a su mano derecha, José María Olazagasti y a ciertos abogados que trabajaron para él en el ministerio. Por algo es el funcionario que más zafa en los tribunales, a pesar de las numerosas denuncias en su contra. ¿Nadie se preguntó alguna vez por qué jamás fue llamado a rendir explicaciones ante ningún juez?

Los tribunales penales no son una excepción. Hasta la propia Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ha dicho en entrevistas a distintos medios que la corrupción es aún mayor en el fuero comercial, donde se deciden cuestiones de alto impacto económico y financiero.

La historia de la bolsa finalmente se aclaró. Apareció un ordenanza y declaró que había ido al baño después de cobrar su sueldo y se olvidó la bolsa. Tras un breve trámite logró recuperar el dinero, que había quedado secuestrado. Pero pocos se enteraron del resultado y los rumores siguieron circulando, alimentados por una realidad del Poder Judicial que pocas veces sale a la luz pública.