El caso Hotesur llegó al punto de bifurcación y todo recaerá ahora sobre los hombros del juez federal Daniel Rafecas. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia desayunó a todos ayer por la tarde y resolvió por cuenta propia una de las cuestiones más calientes de los tribunales federales: el destino de la causa Hotesur. El tribunal decidió que el expediente debe ser investigada en los tribunales de Capital Federal, donde se encuentra actualmente.
Los camaristas de ese fuero dijeron ayer que “aun cuando parte del reciclado de los fondos de origen delictivo se pueda haber producido en la provincia de Santa Cruz, las maniobras en su caso no habrían comenzado, ni se ejecutaron íntegramente en tal territorio”. “Si bien parte del reintegro del dinero de presunto origen ilegal al sistema legal habría acaecido en Santa Cruz, los delitos imputados revisten una modalidad compleja en la que existieron también celebración de convenios en otras jurisdicciones con firmas con domicilio en otras jurisdicciones”, agregaron.
El fallo tiene párrafos extemporáneos que llaman la atención. Está firmado el 18 de agosto, es decir ayer, pero no da cuenta de que la causa ya pasó al juzgado federal de Rafecas hace ya un mes y el escrito está dirigido al juez Claudio Bonadio. Además, establece que el juzgado federal número 11, el de Bonadio, debe seguir a cargo del expediente, cuando la Cámara Federal porteña ya lo desplazó de la causa.
El fallo de los camaristas patagónicos fue una sorpresa en los tribunales de Retiro. En pocas semanas, la Cámara Federal debía anunciar si la causa contra la familia presidencial por el manejo de sus hoteles en El Calafate y las sospechas de presunto lavado de dinero iba a seguir siendo investigada en los tribunales federales de Capital Federal o viajaría al Sur para ser tomada por la jueza federal de Río Gallegos, donde los Kirchner y el resto de los imputados se sienten más seguros. El pedido formal lo hizo Lázaro Báez, otro imputado en la causa porque manejaba la ex gerenciadora de los hoteles K, Valle Mitre. Todo había sido acordado con las defensas del resto de los imputados.
La semana pasada sucedieron varias cosas: el juez Rafecas soprendió a todos y decidió validar toda la prueba recolectada por su colega Claudio Bonadio durante los allanamientos del 13 de julio en Santa Cruz y Capital Federal. Eso incluye los libros contables de las empresas de los Kirchner y de Lázaro Báez, entre otros. Aseguró la prueba por completo pero anuló los puntos de pericias que había establecido Bonadio, es decir, su línea de investigación que apuntaba a probar que Báez y Aerolíneas Argentinas -especialmente Báez- pagaron a los Kirchner millones de pesos por habitaciones en sus hoteles de El Calafate que jamás se ocuparon. Esos pagos podrían haber servido para blanquear dinero de sobornos por los contratos de la obra pública, por ejemplo.
El mundillo judicial y periodístico esperaba que Rafecas no convalidara toda la prueba. Había fallado a favor del Gobierno en la causa iniciada por el fiscal Alberto Nisman y es uno de los jueces que, si bien nunca congenió con la Secretaría de Inteligencia, tiene vínculos aceitados con el Gobierno. Ahora el rumbo de la causa depende estrictamente de él: ¿seguirá la línea del lavado de dinero? ¿O tomará otro camino?
La semana pasada, Bonadio seguía de cerca los acontecimientos. Llamaba a los pocos periodistas a los que les tiene confianza y alertaba sobre lo que pasaría el viernes. Alejado de la causa que hizo crecer y que convertió en la principal amenaza al futuro de la familia de la Presidenta, iba a tener un premio consuelo: la prueba. Pero aún con la prueba asegurada, el futuro de la causa seguía pendiendo de un hilo. Todo indicaba que el expediente iba a terminar en manos de la jueza federal de Río Gallegos, donde los Kirchner deciden y mandan. La jueza ya había declinado la competencia pero fue la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que inició el proceso para quitarle la causa a Bonadio. Ayer finalmente, se echó para atrás.
Esta semana salierona a la luz varias de las pruebas que Bonadio guardaba en su despacho. Diario Perfil reveló el domingo un acta de Hotesur que demuestra que Máximo Kirchner controlaba la empresa hotelera de su familia en 2014, tras la muerte de su padre. Las pruebas indicarían que es el dueño del famoso 2 % de las acciones de Hotesur cuya titularidad nunca se supo. El 98 % restante era de Kirchner. Como administrador judical de la sucesión de su padre, y por sus propias acciones, entre 2011 y 2014, Máximo controló la totalidad de la empresa. Designó directorio, firmó balances, etcétera.
No es el único documento que comprometió a Máximo en la causa y que podría demostrar que tras la muerte de Kirchner es uno de los responsable de los supuestos delitos que van desde irregularidades administrativas a presunto lavado de dinero. La empresa de los Kirchner tiene sólo una cuenta corriente en pesos activa en en Banco de Santa Cruz. Diario Perfil reveló que los apoderados de la cuenta son Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, socio del hijo presidencial en la inmobiliaria, y titular de Idea SA, la empresa que contrata Hotesur para gerenciar sus hoteles. Además, entre 2012 y 2014, la firma de los Kirchner hizo saltar tres alarmas de lavado de activos en el banco, pero nunca fueron reportados. La banca se aseguró que tapar las huellas de los Kirchner.
Tres hombres debían decidir el destino del caso Hotesur. No podrían estar más aliaviados, especialmente dos de ellos. Ya se habían jugado por el Gobierno cuando expulsaron a Bonadio. Fueron denunciados, escrachados en círculos de la alta sociedad, avergonzados públicamente. Pocos creían que resistirían el peso de enviar la causa al Sur. Era hora de que se jugaran los del Sur.
El camarista Eduardo Farah no iba votor a favor de los Kirchner y su socio Báez. Farah fue un aliado indiscutido del Gobierno en los tribunales hasta que la alianza Kirchner-Jaime Stiuso voló por los aires. Hoy es una piedra en el zapato para el oficialismo y se asegurará de no perdonar una sola sospecha de corrupción. Sus colegas de la sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero votaron a favor de los Kirchner y expulsaron a Bonadio de la causa Hotesur, conforme a lo que los Kirchner exigían a través de Romina Mercado, la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner y presidenta del directorio de Hotesur.
Por eso, las esperanzas de que la causa quedara en el fuero penal federal de Capital Federal eran escasas, para todos. Lo adelantó el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, otro enemistado con el Gobierno desde la pelea Kirchner-Stiuso. “Pronóstico negativo”, dijo el fin de semana.
La principal impulsora de este expediente, la diputada y candidata presidencial Margarita Stolbizer, presentó un amparo ante el juez Pablo Cayssials para que el Ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de Hotesur, clave para conocer los manejos de dinero de la sociedad, y los responsables de esos movimientos financieros. El juez le dio lugar ayer. Stolbizer, que inició la causa madre presentando una denuncia sobre irregularidades administativas de Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), también pidió ser querellante en la causa de Rafecas, pero el juez se lo negó el viernes. La diputada apelará ante la Cámara Federal porteña. Tiene pocas chances, pero está dispuesta a llegar hasta la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país. Ser querellante no sólo le permitiría acceder al expediente, sino aportar pruebas y presentar recursos y pedidos.
