El triple crimen de General Rodríguez conducía siempre al mismo lugar: Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense.

Por Emilia Delfino (@Emiliadelfino) –  Co-autora de “La Ejecución”, la historia secreta del Triple Crimen que desnudó la conexión con la mafia de los medicamentos y la recaudación de la campaña K. Editorial Sudamericana.

Investigar durante seis años el mismo caso y el negocio que giró siempre a su alrededor -el tráfico de efedrina- se puede convertir en un laberinto psicológico. En algunos momentos cuando quien investiga no puede probar sus hipótesis llega a creer que siempre estuvo equivocado, que fue preso de una operación, de un mito, de una teoría conspirativa. La supuesta complicidad de Aníbal Fernández era una de las principales hipótesis de nuestra investigación.

En Diario Perfil -desde donde sigo escribiendo sobre este tema- la búsqueda comenzó en 2008, tras la aparición de los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, pero con Rodrigo Alegre nos metimos de llenó en 2009, cuando Perfil destapó lo que se llamó “la mafia de los medicamentos”. Así comenzamos a meternos de lleno en la vida y obra de Forza, el principal eje de esta historia. Un joven inescrupuloso que comercializaba medicamentos falsos o vencidos y daba vueltas en la siniestra carrera de la bicicleta financiera y el lavado de dinero mal habido. Para obtener favores del Gobierno, prestó cuatro cheques de 200 mil pesos para supuestamente blanquear dinero en la campaña presidencial de 2007, para la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos. Estaba en concurso de acreedores.

Forza decidió salirse del mercado ilegal de medicamentos y se alió a otros dos jóvenes en un nuevo emprendimiento: conseguir efedrina -que entonces era legal en la Argentina, y que con buenas conexiones en la política se conseguía más fácil que el talco- y vendarla a los narcos mexicanos que comenzaban a instalarse en el país. La efedrina es el principal precursor químico para la fabricación de metanfetaminas, una droga sintética que es epidémica en los Estados Unidos y México. Se la considera más nociva que la cocaína.

El mexicano Jesús Martínez Espinosa fue su primer cliente. Cerraron el acuerdo por teléfono en el estudio del abogado del mexicano, en el Gran Buenos Aires. Fue con sus socios, Damián Ferrón -que tenía una droguería con José Luis Salerno- y Leopoldo Bina, que ya estaba metido en el negocio y aportaba los contactos en la Aduana y el puerto. Pocos días después de esa reunión, desaparecieron de la faz de la tierra.

El triple crimen y el tráfico de efedrina no destapó sólo una pelea de bandas y el ingreso de carteles mexicanos. Desnudó un mundo de complicidades policiales –la Policía Federal, que estaba entonces bajo la órbita de Aníbal Fernández, coimeaba a Forza para permitirle operar ilegalmente con los medicamentos-, complicidades gubernamentales, políticas y empresarias con el narcotráfico. Entre el inicio del gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández -con la campaña electoral de 2007 de por medio- el Poder Ejecutivo autorizó, de repente, el ingreso de casi 48 toneladas de efedrina al país. El mercado farmaceútico local sólo requería 200 kilos al año.

El pico de ingreso de la sustancia desde China e India fue entre 2006 y 2008, cuando empezaron a prohibir la efedrina en otros países, como México, para intentar cercar a los carteles. Las importaciones dieron un salto inmediato. Pero no cualquiera podía importarla y luego venderla. Se necesitaba un permiso de la Sedronar -el organismo anti-drogas-, dirigido por el santacruceño José Granero.

La jueza María Servini de Cubría comprobó que de los 47.625 kilos de efedrina importados entre 2004 y 2008, el 86% (40.972,195 kilos) fue desviado a manos de personas que luego terminaron condenados, procesados o denunciados por maniobras de narcotráfico. Ese desvío se hizo a través de seis empresas. Seis empresas que se apoderaron del negocio a la vista gorda de todos. Algunas de ellas estaban en manos de respetados empresarios del círculo farmaceútico, que siguen libres. Luego, esas farmacias derivaban la efedrina a empresas fantasmas. Forza, Ferrón y Bina vieron ese festival y se zambulleron de cabeza.

Esa “maniobra de narcotráfico internacional” –como la definió la jueza Servini– implicó un movimiento de dinero de entre los 123 millones y los 491 millones de dólares. “Sin la participación de funcionarios y empleados del organismo –la Sedronar–, la maniobra resultaba de imposible realización”, dijo en su fallo.

La Sedronar también otorgó permisos de importación y comercialización a dos bandas que hubiesen despertado las sospechas de un organismo arti-drogas en menos de 5 segundos. Uno de ellos es el de Ibar Estaban Pérez Corradi y Martín Lanatta. El otro es el de Alfredo Abraham, Josué Fuks y Alberto Salvador “el Negro” López, también vinculados al poder político y al kirchnerismo. Los investigadores siempre manejaron la hipótesis de que estas dos bandas responderían a dos sectores distintos del Gobierno o de los servicios de inteligencia y seguridad, que habilitaban y manejaban el negocio desde las sombras.

Ibar Esteban Pérez Corradi -prófugo y con pedido de captura internacional desde hace tres años- es para el fiscal Juan Bidone el autor intelectual del triple crimen. Martínez Espinosa era su cliente y Forza, con quien él mismo había hecho negocios- lo traicionó. Pérez Corradi se movía y se mueve con la impunidad de un protegido con padrino importante. Salerno dijo en PPT que respondía a Aníbal. La Justicia asegura que no hay pruebas.

La última vez que Forza, Ferrón y Bina fueron visto con vida fue en la estación Shell junto al Wallmart del acceso sudeste, en Sarandí, una ruta directa a Quilmes. Esa mañana Forza había recibido una alerta en su Nextel de Martín Lanatta, socio de Pérez Corradi. El y sus nuevos socios fueron cerca del mediodía a reunirse allí para cerrar un supuesto negocio. Era una trampa. Martín Lanatta es el hombre que confesó después de siete años la supuesta responsabilidad de Aníbal Fernández en el negocio de la efedrina y en el destino de Forza, Ferrón y Bina. Está condenado a perpetua como el instigador del triple crimen.

Las antenas Nextel y los teléfonos celulares fueron la clave para probar que Lanatta y sus socios, los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci, y el hermano de Lanatta, Cristián, estaban directamente involucrados en la trampa en la que cayeron Forza, Ferrón y Bina.

El 7 de agosto de 2008 no volvieron a ser vistos con vida. La última señal de sus teléfonos fue detectada en Quilmes, donde, para la Justicia, fueron ejecutados ese mismo día. Se encontraban, más específicamente, en las inmediaciones de la casa de Martín Lanatta.

El teléfono de Marcelo Schillaci fue detectado por la antena más cercana a la casa de Martín Lanatta a la hora exacta en que los teléfonos de Forza, Ferrón y Bina estaban en el mismo lugar. Eran las 13.21. Por eso el fiscal Juan Bidone y la fiscal Marcela Falabella creen que los ejecutaron en la casa de los Lanatta ese mismo día. Luego los mantuvieron congelados durante seis días, posiblemente en un camión frigorífico, los trasladaron y los acomodaron en pose de crimen narco mexicano en un zanjón de General Rodríguez el 13 de agosto de 2008.

Pero los investigadores siempre creyeron que no actuaron solos. Aseguran que hasta el momento no lo pudieron probar. Los Lanatta y los Schillaci, un par de hermanos vinculados a secuestros extorsivos, no podrían haber reducido a tres hombres adultos y fuertes -Bina era de considerable espalda y estaba entrenado y Ferrón era muy bueno en artes marciales, además Forza andaba armado- sin la ayuda de mano de obra profesional. Las sospechas de la intervención de agentes de fuerzas de seguridad, militares o servicios de inteligencia siempre rondó la cabeza de los fiscales desde el comienzo. El crimen fue impecable, no dejaron rastros. Sólo los telefónos y los testimonios que ayudaron a reconstruir el móvil de los asesinatos llevaron a los Lanatta y a los Schillaci a la cárcel.

La historia del triple crimen es un policial de la vida real. Tiene componentes surrealistas y personas que parecen personajes salidos de una película de cine negro independiente, pero que son reales. La familia Ferrón, especialmente Diego y su mamá, son los únicos familiares de las víctimas que ayudaron a la Justicia y al periodismo a tratar de llegar a la verdad, costara lo que costara.

A muchos protagonistas y testigos los entrevistamos personalmente, a otros a través de intermediarios, accedimos a las declaraciones de los testigos ante la Justicia, a las autopsias y pericias forenses -que lograron detectar que los cuerpos habían sido congelados- y hasta presencié la pericia balística frente a la madre de una de las víctimas. El fiscal Bidone creía que habían sido ejecutados con el arma que llevaba encima el propio Forza el día de su secuestro.

Aníbal Fernández rondó como un fantasma alrededor de este caso durante años. Pero la Justicia asegura que nunca encontró pruebas para demostrar su responsabilidad en el negocio de la efedrina o en el triple crimen. En la causa, como publicamos en Diario Perfil, consta que un teléfono Nextel a nombre de Aníbal mantuvo 25 comunicaciones con el Nextel de otro quilmeño: Alejandro Giancristóforo, entonces funcionario del RENAR (Registro Nacional de Armas), que dependía del ministerio de Aníbal y estaba a cargo de Andrés Meiszner, uno de los principales colaboradores de Fernández.

Ese mismo teléfono de Giancristóforo mantuvo 668 comunicaciones con el teléfono de Martín Lanatta. Las conversaciones registradas entre Lanatta y Giancristóforo ocurrieron entre enero y junio de 2008, dos meses antes del triple crimen.

Durante 2008, la primera comunicación entre Giancristóforo y ese teléfono de Aníbal es el 16 de abril. Vuelven a comunicarse el 15 y el 21 de mayo. Se hacen más asiduas a partir del 4 de junio y hasta el 17 de septiembre.

A través de su vocero, Fernández afirmó que conoce a Giancristóforo, que fue empleado del RENAR y que es hijo de un histórico puntero de Quilmes que trabajó para él. Fernández dijo que no se acuerda si utilizó ese número pero dijo que “es posible” que haya hablado con Giancristóforo, ya que “trabajaba políticamente” para él. Martín Lanatta mencionó el domingo en PPT que sigue en contacto con Giancristóforo.

Lanatta es el hombre que conecta a Aníbal con este caso. Trabajaba para dos de sus hombres, Giancristóforo y Meiszner. Y es el mismo que después de siete años, se desdijo de todo lo que había dicho y apuntó contra el jefe de Gabinete y pre-candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No decidió hablar una semana antes de las PASO, ya había comunicado su intención hace más de un mes. Rodrigo Alegre trabajó en la producción del informe que se vio el domingo y no fue cosa de una semana ni dos, ni tres, me consta. En el mismo período, Salerno, el socio de Ferrón, reapareció y pidió hablar sobre lo mismo: lo que era vox populi en Quilmes desde hace siete años pero nadie pudo o quiso probar. En mi caso, no pude. No se encontró una foto, un documento, un testimonio en on the record que los conectara directamente. Cada vez que me topába con un supuesto testigo, la supuesta verdad se desvanecía a la hora de prender el grabador. Cada vez que dijeron que existía una supuesta foto de ellos dos juntos, aparecieron razones para no entregarla. ¿Por qué Lanatta y Salerno hablaron ahora? ¿Se cansaron de esperar que los salven? ¿No recibieron lo que les prometieron? ¿Fueron convencidos por enemigos de Fernández para evitar que llegue a la Gobernación?

Pero lo central es: ¿Martín Lanatta y Salerno dicen la verdad sobre Aníbal Fernández? Espero no necesitar otros seis años para averiguarlo.