El ministro de Justicia, Julio Alak, quiere que los jueces dicten la libertad condicional a más de 400 presos para aliviar la sobrepoblación en las cárceles. Así lo manifestó el funcionario en una ronda de reuniones con jueces del fuero penal que viene desarrollando en las últimas semanas. Es un nuevo punto de conflicto entre el Gobierno y los jueces.

Por Vicente Sánchez 

Alak y el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, intentan que los jueces mantengan las estadísticas de detenidos con libertad condicional para que las cárceles no estén sobrepobladas. Los funcionarios enviaron informes a las Cámaras de Apelaciones de delitos federales en todo el país e incluso mantuvieron una reunión con algunos de los máximos jueces penales del país en la Cámara de Casación.

El mensaje de Alak generó polémica en algunos sectores de los tribunales, donde ciertos jueces creen que la sobrepoblación en las cárceles no se soluciona liberando presos sino con obras de infraestructura, y con mejor ejecución presupuestaria. Otros magistrados creen que en esa lista de más de 400 casos, hay detenidos que podrían ser liberados sin provocar un posible daño social.

Lo cierto es que el pedido de Alak no fue bien recibido por algunos magistrados. El ministro cree que los jueces están trabando pedidos de libertad condicional por el “efecto Axel López”, el juez que fue juzgado recientemente por liberar presos que violaron y mataron mujeres. Uno de los jueces de la Casación le hizo saber que el mensaje no iba a ser bien acogido por sus colegas.

Alak argumenta que menos detenidos están obteniendo ese derecho porque los jueces les deniegan los pedidos debido al temor de ser acusados públicamente o ser sometidos a un jury si liberan a un preso que reincide en un delito que salta a la pantalla de televisión o a los diarios.

Los informes que el Ministerio de Justicia envió a los camaristas apuntan a que se analice la situación de más de 400 personas que podrían obtener la libertad condicional, según el Servicio Penitenciario Federal. Para determinarlo, este organismo realiza estudios de los detenidos. Pero los jueces saben que eso no es garantía y que la firma final a la hora de otorgar una libertad condicional pone todo el peso de la mochila en sus espaldas. Y si no que le pregunten a Axel López.

Al debate por la inseguridad, se suman las discuciones sobre el femicidio. De hecho, el 3 de junio habrá una marcha al Congreso de la Nación organizada por periodistas para formar consciencia sobre los crímenes contra mujeres y niñas. El caso del juez López está estrechamente ligado a este contexto. En marzo, este magistrado de ejecución penal fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento, un órgano a cargo de juzgar a los jueces por mal desempeño de sus funciones y con el poder de destituirlos de su cargo. López había sido sometido a un proceso porque le otorgó la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones. Mientras ejercía su libertad condicional, Cabeza asesinó a Tatiana Kolodziej, de 33 años, en un intento de violación. Fue en la provincia del Chaco. No fue el único caso. López ya había excarcelado a Pablo Díaz, un hombre con antecedentes de abusos sexuales. En 2010, Díaz mató a Soledad Bargna de 26 puñaladas, luego de intentar violarla. López fue finalmente absuelto en marzo por el primer caso. El de Bargna ni siquiera llegó a juicio. Durante su defensa, el juez argumentó que había liberado a Cabeza en base a los informes favorables del Servicio Penitenciario Federal que sostenían que no era «un riesgo para sí, ni para terceros».

Hasta febrero había 10.641 personas privadas de su libertad en los establecimientos del Sistema Penitenciario Federal y sólo queda libre alrededor del 7 por ciento de la capacidad carcelaria. Entre estos 10.641 detenidos, hay poco más de 400 personas que supuestamente están “en condiciones” de obtener la libertad condicional, ya que cumplieron una parte de la condena, buenos informes psico-físicos y buena conducta.

La mayoría de los presos, más del 65 por ciento, está alojada en las cárceles de las zonas metropolitanas: Devoto, Ezeiza, Marcos Paz, entre otras. El casi 35 por ciento restante se encuentra detenido en el Interior del país, como en el penal de Rawson.

Según las estadísticas oficiales, la cantidad de personas que vienen ingresando año a año a las penitenciarías federales crece progresivamente desde 2009. Por ejemplo, en febrero ya había 200 presos más que el año pasado.

Las estadísticas también demuestran la realidad del Poder Judicial en el país. De los 10.641 detenidos solamente el 37,4 por ciente tiene una condena judicial. El resto están sólo procesados, es decir que un juez los encontró culpables pero no tuvieron un juicio. Están a la espera mientran permanecen en la cárceles. La cantidad de condenados viene en descenso desde 2009. Ese mismo año comenzó a crecer el número de procesados que aguardan el juicio en las cárceles.