La apertura de una nueva ruta comercial entre Chile y las Islas Malvinas encendió las alarmas en Santiago ante la posibilidad de un conflicto diplomático con el gobierno de Javier Milei. Informes citados por la prensa chilena advierten sobre un eventual “evento crítico” por el recorrido del buque mercante Danstar, que tiene previsto partir desde Punta Arenas en noviembre con una carga destinada al abastecimiento del archipiélago.
Según una investigación de BioBioChile, fuentes de inteligencia consultadas bajo reserva consideran que la embarcación podría enfrentar una intervención de las autoridades argentinas una vez que abandone el estrecho de Magallanes y navegue por aguas bajo jurisdicción nacional.
El escenario más delicado, de acuerdo con esas fuentes, sería una operación de la Armada argentina, aunque también mencionan la posibilidad de una intervención de la Prefectura Naval. Por el momento, no existe información pública que confirme que el Gobierno argentino haya decidido detener el barco ni que el episodio vaya a concretarse.
La preocupación se produce después del acercamiento entre Milei y el presidente chileno, José Antonio Kast, quienes buscaron recomponer la relación bilateral tras recientes diferencias vinculadas con la soberanía sobre el extremo austral. La iniciativa comercial amenaza con abrir un nuevo frente de tensión entre ambos países.
El negocio detrás de la nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Malvinas
El proyecto es impulsado por la naviera chilena Easter Island, que acordó establecer un servicio de transporte marítimo con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas. El objetivo es abastecer de manera regular a la población del archipiélago y disputar parte del mercado que actualmente cubren otros proveedores regionales.
La embarcación trasladará alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales para la construcción, gas licuado y repuestos. La conexión permitiría reducir las distancias de transporte y los costos logísticos para los proveedores de la región de Magallanes.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de un acuerdo entre privados. También remarcó que el buque no navegará con bandera chilena, un punto que considera relevante para evitar que la operación sea interpretada como una decisión oficial del Estado.
Según las estimaciones del jefe comunal, el mercado de las islas representa unos US$20 millones anuales en capacidad de compra. En septiembre, una delegación de aproximadamente 40 empresarios británicos visitó Punta Arenas para mantener reuniones comerciales con proveedores locales.
La iniciativa había sido anunciada por la empresa naviera en julio, pero la proximidad del primer viaje reavivó las discusiones sobre sus implicancias diplomáticas y jurídicas.
La advertencia de la Liga Naval Argentina que encendió las alarmas
Uno de los principales focos de preocupación en Chile surgió después de que el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, planteara ante comisiones de la Cámara de Diputados la posibilidad de impedir el tránsito del Danstar.
Morales sostuvo que el viaje previsto para noviembre podría abrir una discusión sobre el carácter del paso del buque por aguas argentinas. Su argumento se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que reconoce el derecho de paso inocente de las embarcaciones extranjeras por el mar territorial, siempre que su navegación no perjudique la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño.
Desde esa perspectiva, el representante naval planteó que las autoridades argentinas deberían evaluar si el transporte constituye una navegación pacífica o si existen motivos para considerarlo una amenaza a los intereses nacionales.
También advirtió sobre los riesgos de una eventual inmovilización de la embarcación en el Atlántico Sur, donde una operación de ese tipo podría generar consecuencias graves para la seguridad del buque y su tripulación.
Sin embargo, sus declaraciones no constituyen una decisión oficial del Gobierno argentino. Hasta el momento, no se difundieron anuncios que confirmen una orden de interceptación contra el Danstar.
La controversia por el proyecto petrolero Sea Lion
La discusión adquirió una dimensión geopolítica adicional por las sospechas sobre el posible destino de parte de la carga. En Argentina, el debate se vinculó con Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera previsto en aguas próximas a las Malvinas y cuestionado por Buenos Aires.
La iniciativa está asociada a la israelí Navitas Petroleum y a la británica Rockhopper Exploration, empresas que avanzan con planes de desarrollo hidrocarburífero en una zona cuya soberanía reclama la Argentina.
El eventual traslado de insumos para esa operación podría modificar la evaluación política del viaje y profundizar las objeciones de Buenos Aires. No obstante, esa vinculación fue rechazada por autoridades de las islas.
Louise Ellis, subdirectora de Desarrollo Económico del gobierno isleño, aseguró en declaraciones a France 24 que la ruta comercial fue concebida para cubrir las necesidades de consumo de la población y que no transportará suministros críticos destinados a Sea Lion.
Según su explicación, el proyecto de abastecimiento comenzó a desarrollarse antes de que la iniciativa petrolera avanzara en sus preparativos. La distinción es central para el debate, dado que una cosa es el transporte de mercaderías de consumo general y otra, el eventual suministro de materiales destinados a una explotación hidrocarburífera objetada por el Estado argentino.
El decreto argentino que regula los barcos con destino a Malvinas
La posible intervención del Danstar también remite al Decreto 256/2010, que establece la necesidad de obtener autorización previa para los buques que se propongan transitar entre puertos del territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La normativa es uno de los instrumentos utilizados por la Argentina para reforzar su posición sobre la soberanía del archipiélago y regular las actividades marítimas vinculadas con esos territorios.
El punto de conflicto reside en cómo se aplica ese régimen frente a las normas internacionales que reconocen derechos de navegación a los buques extranjeros. En ese terreno, las autoridades chilenas y los especialistas consultados por la prensa de ese país sostienen que una eventual restricción debería analizarse a la luz de los compromisos internacionales vigentes.
El excomandante en jefe de la Armada chilena Julio Leiva había advertido que la apertura de la ruta podía generar dificultades bilaterales. A su juicio, el establecimiento de una conexión comercial directa responde a un interés económico de Magallanes, pero no elimina las diferencias jurídicas y diplomáticas que rodean la navegación hacia las islas.
Qué dicen los tratados internacionales sobre una posible interceptación
El debate legal se concentra en la Convemar y en el Tratado de Paz y Amistad firmado por Argentina y Chile en 1984, que contribuyó a resolver la disputa territorial que ambos países mantenían en el extremo austral.
Luis Valentín Ferrada, profesor de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio BASE, señaló que esos instrumentos establecen límites a la posibilidad de bloquear la navegación de embarcaciones extranjeras.
Según su interpretación, el tratado bilateral obliga a garantizar el tránsito expedito y sin obstáculos de buques de todas las banderas a través de las aguas jurisdiccionales argentinas hacia el estrecho de Magallanes y desde ese paso marítimo.
En esa línea, una prohibición de navegar que no encontrara sustento jurídico podría abrir una controversia entre los dos países. El analista político Juan Pablo Berlinger también advirtió que una medida de ese tipo tendría consecuencias para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Buenos Aires.
De todos modos, la aplicación de estas normas dependerá de las características concretas del recorrido, la carga transportada y las decisiones que eventualmente adopten las autoridades competentes. Por ahora, la discusión se mantiene en el terreno de las advertencias y las interpretaciones jurídicas.
Chile prepara una respuesta política ante el riesgo de una escalada
La posibilidad de un incidente marítimo llegó al ámbito parlamentario chileno. El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic pidió que las comisiones de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores del Senado analicen el caso en una sesión conjunta y reservada.
El legislador argumentó que es necesario evaluar los posibles efectos de la operación sobre la seguridad regional y los vínculos entre ambos países. También aclaró que, con la información pública disponible, no puede afirmarse que la Argentina haya tomado una decisión de interceptar el barco.
La cautela responde, además, a la importancia de las relaciones económicas, familiares y de conectividad entre Magallanes y la Patagonia argentina. Un conflicto derivado del viaje podría trascender el ámbito diplomático y afectar los intercambios cotidianos entre comunidades de ambos lados de la frontera.
Mientras se acerca la fecha prevista para la partida del Danstar, la principal incógnita es si el Gobierno de Milei adoptará alguna medida para condicionar el tránsito de la embarcación o si permitirá que complete el recorrido sin interferencias.



