El crecimiento del endeudamiento de los hogares comenzó a generar preocupación también por sus consecuencias en los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, alertó en Infobae en vivo sobre la expansión de redes de préstamos informales y describió un mecanismo que, según aseguró, puede terminar con familias perdiendo sus viviendas.
El funcionario explicó que muchas personas recurren a este tipo de créditos porque no consiguen acceder al sistema financiero tradicional. El problema aparece cuando las condiciones de devolución hacen que la deuda crezca rápidamente y resulte prácticamente imposible de cancelar.
Según el ejemplo planteado por Alonso, una familia puede recibir inicialmente $200.000, pero encontrarse con la obligación de devolver el doble apenas dos semanas después. Si el préstamo no se cancela, la deuda continúa aumentando y puede alcanzar cifras mucho mayores en poco tiempo. El ministro sostuvo que, en determinados casos, los prestamistas recurren a métodos violentos para cobrar y llegan a intentar quedarse con los inmuebles de los deudores. “Hay familias que piden un préstamo y como no lo pueden devolver les toman la casa”, advirtió.
Una modalidad que preocupa a la Provincia
Alonso vinculó este fenómeno con el crecimiento de la usura y de las economías criminales en sectores donde el acceso al crédito formal es más limitado. De acuerdo con su explicación, estas organizaciones aprovechan la necesidad urgente de dinero de las familias y ofrecen préstamos rápidos, pero con condiciones que pueden derivar en una escalada de la deuda.
La situación también comenzó a ser observada en investigaciones policiales. El ministro señaló que algunos grupos vinculados al delito incorporaron el préstamo de dinero a sus actividades y que la Provincia trabaja junto con fiscales y jueces para intentar desarticular esas estructuras.
El problema se desarrolla además en un escenario de elevada morosidad de los hogares. Datos del Banco Central citados en los últimos días muestran que la tasa de incumplimiento de las familias continúa en niveles históricamente altos: en junio llegó al 12,7%, mientras que millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días.
La advertencia del funcionario bonaerense se produce mientras el endeudamiento familiar ocupa un lugar cada vez mayor en la discusión económica y social. El aumento de los atrasos en préstamos personales y otras obligaciones llevó a que distintas organizaciones y especialistas adviertan sobre las dificultades que atraviesan los hogares para cumplir con sus compromisos.
Para Alonso, el fenómeno de los préstamos informales no debe analizarse solamente como una cuestión financiera. En determinados barrios, sostuvo, puede convertirse también en un problema de seguridad, debido a la utilización de amenazas y violencia para exigir el pago.
La Provincia busca así seguir la ruta del dinero detrás de estas organizaciones y avanzar sobre quienes utilizan la necesidad económica de las familias como una fuente de negocios ilegales. El objetivo, según explicó el ministro, es evitar que una deuda que comienza como una solución urgente termine convirtiéndose en una situación de violencia o en la pérdida del patrimonio familiar.
