La jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de la municipalidad de San Martín en una investigación que surgió en diciembre de 2023 por la denuncia de una persona que se enteró de que le habían cortado el plan social porque figuraba como empleado de la municipalidad de San Martín, cuando (según la presentación judicial) nunca ejerció tales funciones.
El pedido de allanamiento incorporó también la orden de que el intendente de San Martín, Fernando Moreira, no salga del país. Actualmente responde políticamente a Unión por la Patria, es la mano derecha de Gabriel Katopodis, a quien sucedió en la intendencia cuando este fue designado como Ministro de Obras Públicas en la gestión de Alberto Fernández.
La Justicia tiene confirmados dos casos de personas que aparecían en los registros como empleados municipales, pero nunca se desempeñaron en tales cargos.
A su vez, investiga un listado de diez nombres que también serían empleados fantasma, que cobraban salarios de $300.000. En paralelo, la investigación detectó a una persona con varias tarjetas de débito en un cajero, cercano al Concejo Deliberante, retirando plata.
Municipios en la mira
El día de ayer fue noticia el municipio de Florencio Varela. Varios empleados se encuentran envueltos en un escándalo después de que se descubriera un presunto robo millonario en el sector de cobranzas dentro de la Dirección de Tránsito, que terminó con la detención de once personas imputadas por asociación ilícita y administración fraudulenta.
Según la investigación judicial, durante meses se llevó a cabo un esquema de corrupción que habría ocasionado pérdidas que rondan los 16 millones de pesos.
Este fraude consistía en el desvío de pagos en efectivo realizados por los ciudadanos para tramitar sus licencias de conducir y otros permisos, los cuales nunca llegaban a las arcas municipales.
“Cada uno de los imputados tenía un rol y había complicidad dentro de la organización”, explicó el fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1 de Florencio Varela que lleva adelante la causa.
También mencionó que existe “una cadena de responsabilidades” y que se sospecha que el mismo mecanismo podría haberse replicado en otras áreas del gobierno local.
