Amnistía Internacional Argentina advirtió hoy que a cuatro años de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hubo durante este año un notable “incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto». De acuerdo a lo que observó la organización a través de un comunicado, la cantidad de consultas que recibió la organización por obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 215% en comparación con el 2023.
La directora ejecutiva de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, expresó en el documento: “El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia que no se trata de casos aislados, sino una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país”.
Belski señaló que esto se da en un contexto político adverso a la IVE, ya que el presidente Javier Milei es un férreo detractor del aborto, alcual ha calificado como una “agenda sangrienta” y un “asesinato agravado por el vínculo”.
“Estas declaraciones no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto. Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica”, alertó Amnistía, que solicitó, junto a otras organizaciones, una audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este “retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina”.
Según la organización, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, lo cual implicó una reducción del 53% en las muertes por aborto entre 2020 y 2022. Pero enfatizaron que estos avances están en peligro debido a que el gobierno no se esfuerza en continuar esta política.
Debido a este incumplimiento del Estado argentino en el acceso al aborto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó en noviembre al Estado argentino a su sede en Washington DC, para explicar “la grave regresión en políticas de género y en materia de derechos sexuales y reproductivos”.