La Cámara Federal de Casación Penal tomó una importante resolución este martes al dar lugar al recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y declarar la nulidad de todo lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadio, en el caso del presunto uso irregular del avión presidencial durante el período 2003-2015.
En su fallo, la sala segunda del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes actuaron como tribunal de apelaciones en el expediente, según informaron fuentes judiciales.
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Esta decisión tiene un impacto significativo en otros casos instruidos por Bonadio, quien previamente había sido apartado de la causa por recusación. Es importante destacar que esta causa sobre el uso irregular del avión presidencial es un desprendimiento del caso conocido como «Cuadernos».
El juez Alejandro Slokar, quien lideró el acuerdo, argumentó que “el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante –luego ocurrido por vía de recusación– vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido”. Y agregó que con esto se trata de “procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”
En consecuencia, se determinó la nulidad de todo lo actuado por el juez denunciante e instructor en el caso, debido a la violación de una garantía básica que afecta al orden justo.
Además, los jueces dispusieron el apartamiento de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens, quienes fueron trasladados a la cámara federal durante la presidencia de Mauricio Macri. Cabe mencionar que Llorens había ordenado, sin atribución legal, el desafuero y la detención de la vicepresidenta de la nación.
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La causa de los vuelos irregulares se originó a partir del caso de los «cuadernos», en el cual Bonadio denunció la formación del proceso y habría retenido de manera irregular el expediente.
Esta decisión de la Cámara de Casación Penal también tendrá implicaciones en otros expedientes en los que el fallecido juez impulsó los procesos de manera «anómala», ya sea a través de remisiones al sorteo o mediante la invocación de presuntas conexidades para quedarse con las causas mediante «legajos de investigación».
Entre las personas involucradas en estos expedientes se encuentran los empresarios Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Carlos Lascurain y Juan Carlos de Goycoechea, quienes fueron acusados de asociación ilícita como supuestos máximos responsables de los holdings locales vinculados a la obra pública, liderando, según la acusación, una asociación ilícita encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.
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