Luego de la reestructuración de la Casa Moneda y el decreto que dispone como «sujeta a privatización» a Aerolíneas Argentinas -que debe refrendarse en el Congreso-, el Gobierno nacional ahora apunta a la venta del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para marzo del 2025.
La composición accionaria de la empresa de agua nacional está distribuida en un 10% en manos de la planta de trabajadores de la compañía, mientras que otro 90% es propiedad del Estado. Los delegados que representan la voluntad del personal de la compañía ya hizo saber su voluntad de preservar su patrimonio accionario, pese a que fueron despedidas 1314 personas desde el cambio de gestión.
Argumentando que en lo que va del año el sostenimiento de sus servicios implicó una erogación de fondos públicos en torno a los $70 mil millones, el Ejecutivo desea desprenderse de un porcentaje de esas acciones.
Esas cifras difundidas por el propio Gobierno nacional se contradicen con una publicación en redes sociales que hizo la compañía y que fue replicada por el propio titular de AySA, Alejo Maxit, quien asumió en abril de este año y es cercano a Mauricio Macri.
«Durante los primeros 5 meses del año llevamos adelante un plan de acción que nos permitió alcanzar el equilibrio operativo y lograr el superávit por primera vez en la historia de la empresa», indica el comunicado, en donde se difunden los fondos que requiere la compañía para su funcionamiento a la hora de ofrecer el servicio de acceso al agua.
El modelo de privatización
En caso de avanzar con la operación de privatización de AySA, el Gobierno nacional escogerá dos alternativas. Una de ellas es lanzar a la venta el paquete accionario -o un porcentaje de él- a la Bolsa de Valores y que el mercado financiero comience a pujar por demanda la cotización de la compañía. La otra opción sería convocar a una licitación pública nacional e internacional y decidirse por la mejor oferta que se reciba.
En todos los casos, y a partir de un artículo sancionado en el Congreso durante el debate de la ley Bases con respecto a los procesos de privatización, cualquier iniciativa de venta de compañías estatales requerirá de acompañamiento legislativo.
En este sentido, el Gobierno ve con optimismo sus posibilidades en ambas cámaras, luego de que fuera la votación parlamentaria la que incluya a la propia AySA en un listado de prioridades para privatizar junto a Impsa, Tandanor, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Operaciones, Corredores Viales, Casa de Moneda, Enarsa, Intercargo y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
