El Banco Nación fue una de las empresas que Javier Milei incluyó para privatizar en la primera versión de la Ley Bases el año pasado. Pero, en las modificaciones en el Congreso, quedó fuera, junto con YPF y Aerolíneas.
Ahora, para que la entidad financiera pueda ser vendida o incorpore inversores privados es necesaria una ley. Pero el Gobierno puede empezar a preparar la estructura legal del banco para dejarlo listo para una eventual privatización.
¿Qué pasará con las cuentas de clientes?
El decreto establece un período de transición contable para permitir la transferencia ordenada de los saldos existentes en las cuentas equivalentes, "evitando disrupciones en la operatividad del organismo".
Como autoridad de aplicación, el Ministerio de Economía hará lo necesario para que la transformación del banco no "afecte el normal desarrollo y continuidad de su actividad y de sus actividades industriales, comerciales y administrativas conexas".
Transición ordenada
Al ser el principal banco del sistema financiero argentino, la transformación en sociedad anónima deberá garantizar "una transición ordenada que preserve la continuidad operativa y la seguridad jurídica de sus operaciones".
También se deberá resguardar la continuidad administrativa y contable durante el proceso de transformación en sociedad anónima, "asegurando la correcta registración de las operaciones hasta la consolidación de la nueva estructura jurídica y financiera".
El Nación cuenta con 17.700 empleados y más de 650 sucursales. El modelo al que apuntaría el Gobierno es el del Banco do Brasil que funciona como una sociedad mixta. Un esquema similar es el que existe actualmente en YPF, donde el Estado es dueño del 51% de las acciones mientras el resto cotiza en Bolsa.
¿Quiénes serán los accionistas?
Los accionistas del banco serán el Estado Nacional, con el 99%, que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco de la Nación Argentina (1%).
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central informó que no existe imposibilidad para que la Fundación sea accionista minoritario y que no es necesario requerir aprobación del BCRA.
