Belén Torres por poco muere a manos de su agresor y éste quedó detenido… pero sólo por tener estupefacientes. Según los especialistas, casos como el suyo distan de ser una anécdota y la justicia argentina sigue siendo profundamente sexista. Desde el color de la ropa interior de las víctimas hasta su orientación sexual, todo sirve para que la ley caiga con todo su peso…sobre ellas, claro.
Él las violó, sí. El era pastor en un culto, sí. El era un adulto y ellas eran menores, sí: tenían catorce años, una y dieciséis, la otra. A las dos las dejó embarazadas, sí. Pero –explicaron los jueces de Casación Penal de Buenos Aires, “son de un nivel social que acepta las relaciones a edades muy bajas”. Además, como ambas “poseían experiencia sexual”, ¿para qué andar haciendo tanto escándalo por un abuso más? En función de eso, la pena se redujo a la mitad y el abusador terminó libre.
Él abusó del nene, sí. De un nene de seis años. Pero como –también según los jueces- el nene “mostraba familiaridad” en materia sexual, ¿para qué –de nuevo- andar haciendo tanto escándalo? El niño “tenía una orientación sexual homosexual y está habituado a que lo abusen. Es gay, ya tiene su sexualidad definida. El abuso pasó pero no fue tan ultrajante”, sostuvieron los magistrados de Casación en 2015. Así, la condena original a 6 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal” se redujo a tres años y seis meses. El acusado quedó, claro, libre.
Todos esos casos que parecen sacados de una película de terror en realidad provienen de una misma fuente: la justicia argentina. Y si sus fallos nos parecen retrógrados y cargados de prejuicios es porque efectivamente lo son. Lo están. De hecho, tanto las organizaciones comprometidas con el acceso a la justicia como los colectivos de mujeres e incluso los investigadores coinciden en señalar que la justicia nacional está atravesada por el sexismo y que éste se expresa plenamente en sus fallos.
¿Un ejemplo más? A un marido denunciado por su mujer por golpes y violaciones reiteradas, la pena le fue reducida por el Tribunal Oral Criminal (TOC) N 16 de la Capital Federal por pertenecer a la “subcultura paraguaya”. Dicho de otro modo, los jueces no sólo asentaron en el fallo un prejuicio sobre determinada nacionalidad sino que consideraron a esas características como atenuantes. Como si, por venir de donde venía, el acusado no pudiese hacer otra cosa que emborracharse, golpear y violar a su esposa. Una y mil veces.
Este último caso es uno de los tantos incluídos en el Observatorio de Sentencias Judiciales, una iniciativa del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género que revisa en siete países de la región -Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México y Perú- avances y retrocesos jurídicos en diversas áreas en las que están involucradas mujeres. Y los resultados, claro, no siempre son los más alentadores.
Yendo al caso argentino, la abogada Patricia Sanmamed recuerda un caso arquetípico de justicia sexista: el de Adriana Marisel Zambrano. A esta joven su marido albañil la mató golpeándola en la cabeza con un nivel de madera de esos que se usan en las obras en construcción. Y ahí la dejó, desangrándose sobre la cama y al lado de la hija de ambos, por ese entonces de pocos meses de edad.
“Esta muerte brutal fue para la justicia jujeña un homicidio preterintencial. Esto es, sin intención del matar. Por eso se condenó al asesino, Manuel Zerda, a la pena de cinco años de prisión. Nadie apeló esa calificación legal tan benigna para el asesino y tan obscena e injusta para la víctima y su familia y hoy él está en libertad, peticionando ‘criar’ a su hija, la misma a la que dejó sin mamá”, explica Sanmamed. Hoy, el primer Observatorio de Femicidios de Argentina lleva el nombre de Adriana Marisel Zambrano justamente porque su caso resume de algún modo toda la injusticia de la justicia argentina a la hora de penar la violencia sexista.
Pero como destaca Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), los prejuicios y la actitud estigmatizante frente a las minorías (no importa si mujeres, niños, homosexuales o personas trans) no se advierte sólo en los fallos sino a lo largo de todo el proceso. El acceso a la justicia es, en sí mismo, una verdadera carrera de obstáculos en donde cada participante parecería aportar su granito de discriminación.
“El Poder Judicial está integrado por miles de mujeres y varones, no sólo quienes ejercen la función de jueces y juezas, sino también toda una larga lista de funcionarias/os, empleados/as que también son parte del servicio de administración de justicia”, precisa. Y aclara que “Si bien en general miramos solo la sentencia, los estereotipos y las miradas estigmatizantes pueden estar presentes a lo largo del proceso, involucrando desde la atención en la mesa de entradas del juzgado hasta la decisión de fijar audiencias de determinada manera”.
Y cita un ejemplo concreto en donde el buen desempeño de un juez hizo toda la diferencia. “Ese caso me impactó mucho porque el juez hizo un trabajo detallado, reconstruyendo los recorridos de una mujer que había hecho casi un centenar de denuncias hasta que el agresor casi llega a matarla con un arma de fuego. Así, dejó de manifiesto las fallas de un Poder Judicial que había (en el mejor de los casos) atendido de un modo muy parcial y fraccionado una serie de hechos que se relacionaban absolutamente entre sí. Cuando el Poder Judicial (o las autoridades en general) no analizan las situaciones que atraviesan las personas de un modo integral, los resultados son preocupantes. En los casos de violencia, esas fallas pueden tener consecuencias irreparables”, alerta.
¿Algunos ejemplos? Hoy, los hijos de Rosana Galliano (asesinada en 2008 por orden de su marido, José Arce) convivían hasta diciembre de 2016 con su padre, condenado por ese crimen y beneficiado con prisión domiciliaria. Pero no son los únicos, no. Y por casos como esos fue que ya en 2014 la ONG Mujeres en Igualdad inició su campaña de denuncia contra la justicia sexista. De hecho, en ese momento, más allá del mar de causas judiciales vinculadas a la violencia de género había una sola condena por esa razón. El femicidio rara vez paga, y es por eso que (entre otras acciones) esta ONG propuso un “abrazo de corpiños” al Palacio de Justicia para tratar de visibilizar esta situación.
Según Monique Alstchul, presidente de MEI, “el sexismo se nota tanto en las sentencias como en las enormes dificultades por las que deben atravesar las mujeres en situación de violencia para acceder a juicios no discriminatorios o a medidas cautelares, como ser los perímetros de exclusión del violento. Y un tema que nos preocupa y mucho es el SAP, o Síndrome de Alienación Parental, un cuadro inexistente e inventado para proteger a padres que han abusado de sus hij@s. A pesar de estar probadas las violaciones, alegan que las madres hacen esas denuncias sólo para impedirles el contacto. En muchos casos se trata de padres poderosos, con grandes recursos económicos”.
Con todo, y pese a todo, también hay avances. Por caso, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia ha realizado capacitaciones para magistrados y magistradas en violencia de género. Pero, claro, son actividades voluntarias y sólo van los magistrados que así lo desean. Otro avance fue la presentación en el Senado de la llamada Ley Brisa, que es para proteger y ayudar económicamente a los menores que quedaron desamparados tras un femicidio.
“También hay proyectos de ley para impedir que los huérfanos de femicidio estén obligados a convivir con los asesinos de sus madres”, detalla Altschul, y agrega que “otro cambio que se está por implementar es la capacitación de un cuerpo de abogados en perspectiva de género para que sean defensores de las agredidas, ya que en este momento los victimarios tienen mejores abogados que las víctimas”, revela. Hasta entonces, claro, la justicia seguirá siendo como hasta hora: ciega. Y sorda, y muda y- sobre todo- profundamente misógina.