[tps_header]Mientras investiga a la familia presidencial en uno de los casos que más dolores de cabeza puede traerle a la Presidenta, el juez federal Claudio Bonadío no pierde tiempo en temas menos trascendente, como los que lo convocan contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.[/tps_header]

El magistrado avanzó contra el funcionario en una causa por el uso de “cotillón anti-Clarín”. Sí, la Justicia federal también se encarga del cotillón. Bonadio envío a las fuerzas de seguridad a intimar a 28 empresas para que entreguen la lista de los trabajos realizados para la Corporación del Mercado Central, un organismo que estaba a cargo de Moreno. El juez busca información para comprometerlo en la compra de “gigantografías, stickers, globos, barriletes, prendedores, biromes, llaveros, gorros, remeras, folletos y alquiler de zepellin” con la leyenda “Clarín miente”. 

El periodo investigado es entre el 1º de enero de 2011 y el 2 de diciembre de 2013, pero las diligencias se realizaron en los últimos 15 días. El cotillón maldito es el que pudo verse en la apertura de las sesiones del Congreso de ese año, en el viaje de una comitiva del Gobierno a Angola, en un local partidario del barrio porteño Las Cañitas y en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Las empresas intimadas deben informar cuál fue el trabajo que hicieron para Moreno, o para cualquier colaborador de sus áreas, y entregar las facturas. Para el juez, la compra del cotillón y elementos de publicidad anti-Clarín están sospechados porque se habrían comprado con fondos públicos (para variar). Por eso también mandó a la policía a la sede de la Secretaría de Comercio y al Indec para obtener las facturas, expedientes y memos de las compras a esas empresas, y de cualquier otra compañía que preste este tipo de servicios a los organismos.

Bonadio tiene planes de avanzar rápido en la causa. A la empresa Suschen S.A., que hace los envoltorios de golosinas de bajo presupuesto, el juez les dio menos de 48 horas para entregar el libro de IVA y las ventas del periodo investigado.

El fiscal de la causa, Federico Delgado, dejó por escrito en el expediente que la “conducta no configura ninguna hipótesis delictiva”, pero afirmó que es un claro ejemplo de cómo se confunden Estado y Gobierno. Sin embargo, en su dictamen de septiembre de 2012 dejó en claro que la denuncia contra Moreno debía desestimarse, ante la “inexistencia de delito”. Bonadio, sin embargo, continúa con su pesquisa.