La motosierra anticipada por el Gobierno para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, (exAFIP) ha generado una situación inédita por la reducción de personal entre jubilaciones y retiros voluntarios, pero con la contracara de una monumental erogación por parte del Estado en materia de compensaciones por desvinculación.
A la vez, desató un malestar generalizado en los gremios que tienen representación sindical, con aplicación de medidas de fuerza, en una escalada nunca antes vista en el organismo. Y disparó la alerta en el desmantelamiento de áreas de control por el cierre de un centenar de delegaciones en el interior del país que no fueron guiadas por un criterio recaudatorio, sino de atención al público. Esto generó ruidos y reclamos a la Casa Rosada porque impactó en el padrón de altos contribuyentes con domicilio fiscal en provincias y encendió las alarmas por la ausencia de un plan que apuntale la recaudación, con dos meses continuos de caída, en términos reales contra la inflación.
El 31 de marzo terminó de ejecutarse la segunda etapa del plan de jubilaciones y retiros anticipados que ARCA, a través de la disposición EX-2025-00057262- -AFIP-SDGRHH firmada por el Director Ejecutivo Juan Pazo. Allí se acepta la Indemnización Especial contemplada en el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo y el “beneficio adicional” previsto en la Disposición N° DI-2025-3-E-AFIP-ARCA. En números sencillos, entre jubilados y acogimientos al régimen de retiro, se totalizaron casi 3 mil agentes de planta permanente que ya no forman parte del organismo.
El costo para el Estado
El costo para desvincularlos, de piso, contempla el pago adelantado de 20 salarios según la categoría que correspondan. El 70% de quienes accedieron al beneficio con el que el Gobierno buscaba recortar ARCA corresponden al Grupo 26, es decir, categorías de directivos o altos directivos. Eso en números redondos, equivale a una erogación que supera los $100 millones per cápita y escala, según el escalafón a los $120 millones para el personal más especializado. El dato no menor es que el plan de achique empujó a la migración masiva de personal calificado hacia el sector privado, que fueron quienes mayoritariamente se acogieron al retiro. Y generará un costo aproximado que ronde los $330 mil millones al Estado.
Cuadros formados en la ex AFIP son apetecibles para los grandes estudios especializados en planificación fiscal tanto como para consultoras que van desde las Big Four hasta otras de menor escala, pero cuyos clientes son precisamente objetivos de fiscalización de ARCA como contribuyentes. En términos de recorte, el Gobierno todavía tiene margen para cumplir con el declamado 30% de reducción de personal para el organismo recaudador, pero, a la vez, ha conseguido desprenderse del personal con mayor expertise y formación, lo que no beneficia al Estado en su rol de control.
