El concejal de La Plata reelecto de Unión por la Patria (UxP) Facundo Albini y su padre Claudio, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, continuarán en una cárcel común. El juez de Garantías de la denominada “causa ‘Chocolate’” rechazó las excarcelaciones de ambos procesados por los delitos de “asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública”. En el marco de esta investigación también está detenido, con prisión preventiva, el puntero político Julio Segundo “Chocolate” Rigau.
En la resolución judicial a la que accedió Borderperiodismo el juez Guillermo Atencio razonó que “de las constancias de la investigación penal preparatoria surge que Claudio Gustavo Albini y Facundo Albini se encuentran detenidos por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública reiterados (al menos 136 hechos)”.
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En otro pasaje de la resolución el magistrado hizo foco en que la escala penal por el delito por el que se los acusa supera los ocho años y que debido a la modalidad del hecho no corresponde su libertad condicional. “La extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, explicó.
Además, señaló sobre “la gravedad institucional que atraviesa el ilícito investigado, al tratarse de actos de corrupción en uno de los tres poderes del estado provincial; la cantidad de hechos perpetrados -al menos 136-; el alto monto dinerario defraudado al erario público – suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos- y la duración en el tiempo”.
Atencio subrayó “el rol desplegado por los imputados dentro de la asociación ilícita, habida cuenta de que eran a quienes se les debía rendir cuentas de la recaudación; sus caracteres de funcionarios públicos; la posibilidad cierta de influencia entre coimputados -teniendo en cuenta la relación familiar que los une- y la severidad de la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados”.
Por todo esto, consumó que “se encuentran debidamente acreditados la concurrencia de peligros procesales que impiden el otorgamiento del beneficio excarcelatorio” solicitado por la defensa de los Albini, a cargo de la abogada María Fernanda Borthiry y sus pares Gustavo Galasso y Ezequiel Funes.
ASOCIACIÓN ILÍCITA
De la pericia al teléfono celular de Rigau surgen evidencias que “Chocolate” cobraba desde hace al menos tres años 200 mil pesos al mes por recaudar el dinero que, según se presume, después debía rendir ante Claudio Albini. Pero hay contratos que tienen varios años de vigencia: 2002, 2004 y 2013, entre los casos más llamativos.
Una conversación del 27 de agosto pasado en la que un contacto agendado como “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si no quiere trabajar más con él se lo diga. Pero ante la falta de respuesta, “Facu” (probablemente Albini) le reprocha: “Te llevás 200 mil por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.
Son esas evidencias las que complican a los Albini y a Rigau. Sobre ellas fundamentó Atencio su decisión de negarles la excarcelación.
LIBERADOS
Días antes el juez otorgó la excarcelación de los titulares de las tarjetas de débito de cuentas sueldos de la Cámara de Diputados que fueron secuestradas en poder de “Chocolate” Rigau el pasado 9 de septiembre mientras extraía de manera compulsiva dinero de cajeros automáticos de Banco de la provincia de Buenos Aires. El juez modificó el encuadre legal y los consideró partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, pero no los incluyó en la asociación ilícita, como sí lo hizo con los Albini
Es que, para la Justicia, el concejal y su padre eran los jefes de Rigau. Así se desprende de los chats que se conocieron tras el peritaje al celular del puntero peronista, pero que trabajaba con los Albini cuyo origen es el Frente Renovador.
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De esta manera, previo pago de una caución (fianza) de 100 mil pesos cada uno, y un estudio de informe ambiental a cargo de peritos oficies, serán excarcelados Graciela Del Carmen Anivarro, Raúl Horacio Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Arturo Teodomiro Falcón Ramírez, Raúl Marcelo Folone, Diego Guillermo Koster, Sheila Belén Maroni, Daniel Alfredo Mederos, Ricardo Mario Sánchez, Ramon Alberto Sosa y Paula Alejandra Valdata.
MUTIS POR EL FORO
Los Albini se negaron a declarar ante la fiscal Betina Lacki. Tras la audiencia en la que fueron procesados fueron trasladados a una alcaidía cerca de la cárcel de Olmos, uno de los penales más pesados de la provincia de Buenos Aires. Seguirán detenidos a la espera de que la fiscalía evalúe si pide o no la prisión preventiva de ambos. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 tiene un plazo de 15 días corridos prorrogable por otro lapso similar para analizar si solicita o no la medida privativa de la libertad que los mantendrá tras las rejas.
Fuentes judiciales con acceso directo al expediente confirmaron a Borderperiodismo que los Albini pedirán declarar luego de que su defensa acceda a la totalidad de la prueba de cargo. Una vez analizadas todas ellas, solicitarán un nuevo turno para hacer sus descargos.
LO QUE VIENE
Los próximos pasos que tienen los investigadores en su libreta de apuntes es determinar qué legisladores solicitaron el nombramiento de los “ñoquis” detenidos. “Es un trabajito de hormiga, llevará tiempo”, vaticinaron en la sede del fuero Penal de la capital bonaerense ante la consulta de este medio. Lo que surja de esa arista de la trama es una verdadera caja de sorpresas. La mirada también está puesta en una red de financieras a nombres de un ex concejal massista.
En la causa ya están los legajos personales de los prestanombres con parte de su historia laboral, pero la fiscal buscará afinar la sintonía en su avalada instrucción judicial. Además, se destaca la activa participación de otro organismo del Estado, el Banco de la provincia de Buenos Aires, quienes “respondieron rápidamente” a los requerimientos judiciales.
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