A más de 40 días de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, la búsqueda del menor no solo sigue sin resultados concretos, sino que también intensificó la frustración y la desesperación en la comunidad. La actuación reciente de las fuerzas de seguridad y la percepción de lentitud en el sistema judicial alimentaron un creciente descontento entre los vecinos, que claman por respuestas rápidas y eficaces.
El pasado miércoles, en un nuevo desarrollo de la investigación, efectivos de Gendarmería Nacional y detectives de la Policía Federal allanaron la vivienda de José Codazzi, el exabogado de Laudelina. Durante el operativo nocturno, se le secuestraron los teléfonos celulares a Codazzi. Este allanamiento se produce en un momento en que el caso se encuentra bajo una fuerte lupa pública, con críticas hacia la falta de avances y la aparente descoordinación entre los distintos actores judiciales.
El papel de Codazzi es objeto de controversia desde que la tía de Loan y su hija Macarena lo acusaran de intentar manipular la declaración de Laudelina para atribuir el accidente a Carlos Pérez y Victoria Caillava. En este sentido, Macarena Peña, en una entrevista con C5N, afirmó que Codazzi había ofrecido elementos para falsificar una declaración y que su madre fue amenazada para involucrar a otras personas en el caso. “Fue el abogado José Codazzi quien intentó involucrar a Pérez y Caillava”, afirmó en la oportunidad.
En paralelo, el abogado Fernando Burlando había solicitado la detención de Codazzi a principios de julio, con la esperanza de acelerar el proceso. Sin embargo, la lentitud del sistema judicial es una constante fuente de frustración para los familiares de Loan y para la comunidad en general.
Ahora se conoció además que la denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, que incluye acusaciones contra el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Seguridad Alfredo Vallejos por presunto encubrimiento, fue desestimada en los tribunales porteños de la Justicia federal.
El juez federal Sebastián Casanello, a quien le recayó el expediente, decidió declinar la competencia para investigar las acusaciones contra los funcionarios, remitiendo el caso al juzgado de Goya. Esta decisión solo generó más incertidumbre y cuestionamientos sobre la eficacia y transparencia del proceso judicial.
En este contexto incierto, la presión sobre las autoridades judiciales sigue en aumento, con un clamor cada vez más fuerte por justicia y respuestas claras. A medida que pasan los días, el descontento de la comunidad se profundiza, reflejando la urgente necesidad de esclarecer la desaparición de Loan y de asegurar que se haga justicia en este complejo caso.
