El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza se encuentra procesado por la denuncia por abuso sexual realizada en 2021 por su ex secretaria, Melody Rakauskas. La fiscal Mónica Cuñarro solicitó el sobreseimiento de Espinoza sosteniendo que no existen pruebas suficientes para mantener la acusación.
La denuncia
Fue radicada por Melody Rakauskas, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio.
Espinoza enfrenta un procesamiento a partir de una denuncia por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial, luego de que se confirmara que violó una prohibición de acercamiento a la víctima.
El intendente habría contactado telefónicamente a Raskaukas con el objetivo de persuadirla para que retirara la denuncia en su contra, lo que constituye una infracción directa a la medida judicial impuesta.
La palabra de la fiscal
La letrada sostuvo que a partir de la investigación iniciada en el año 2021, se “adolece de elementos o indicios suficientes que añadan fortaleza al testimonio de la damnificada y no permiten conformar un grado de certeza suficiente para tener por acreditada la materialidad de los hechos denunciados y avanzar, en base a la responsabilidad que corresponda atribuir al evaluado, hacia la siguiente etapa del proceso”.
En la solicitud de sobreseimiento se planteó que existen falta de pruebas materiales, dado que no se pudo acreditar con evidencia objetiva la presencia de Espinoza en el domicilio de la víctima en la fecha de la denuncia ni su incumplimiento de la orden de restricción.
En el informe, la fiscal sostiene que “no existen medidas de prueba cuya producción pueda arrojar luz sobre la pesquisa – audios y pericia ante el CMF-, por lo que deberá desvincularse al imputado”.
Además, se indicó que “la denunciante, pese habérsele recibido declaración testimonial en dos oportunidades, nunca relató los hechos. No obstante, ello se cuenta con su declaración brindada ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 10, y copia del acta labrada en la Oficina de Violencia Doméstica, la cual se negó a firmar”.