En el tramo final del juicio oral que investiga el supuesto desvío de partidas estatales en el programa Sueños Compartidos, Sergio Schoklender fue el único de los procesados en hacer uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de Comodoro Py. A las puertas de conocerse la sentencia, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo lanzó una chicana dirigida hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”.
Pese al escenario judicial que enfrenta, el acusado defendió la ejecución del plan habitacional llevado a cabo entre 2008 y 2011 y le restó trascendencia al fallo inminente: “No tiene importancia el resultado, lo importante es que quedó registrado el valor para esas miles de familias que tuvieron la oportunidad de que sus vidas cambiaran gracias a ese proyecto de obra pública intachable”.
A la espera del próximo lunes
El tribunal comunicará su resolución el próximo lunes, fecha en la que se determinará la responsabilidad penal de los nueve imputados en la causa. El pedido de la fiscalía conducida por Diego Velasco, respaldado por la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitó 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Sergio y Pablo Schoklender, así como para los exfuncionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, José López y Abel Fatala, bajo la figura de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.
Para el resto de los implicados en el expediente —Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin—, el Ministerio Público requirió penas de 4 años de reclusión. A su vez, los querellantes exigieron el decomiso de 206 millones de pesos, cifra que la pericia financiera señala como el monto total sustraído de la partida global de casi 900 millones de pesos asignados originalmente a la construcción de viviendas sociales en distritos como Buenos Aires, Rosario, Ezeiza y la provincia de Santiago del Estero. La fiscalía solicitó además que dicha suma sea ajustada por inflación una vez firme el fallo y quede destinada de forma exclusiva a programas habitacionales públicos.
De acuerdo con la tesis acusatoria desarrollada durante los seis meses de debate oral, existió un mecanismo coordinado entre las autoridades nacionales y la conducción del programa para direccionar obras mediante contratación directa. La investigación determinó que parte de los desembolsos girados por el Estado no se tradujeron en la edificación de las viviendas y centros de salud pautados —dejando construcciones abandonadas y deudas previsionales con los trabajadores de la construcción—, sino que terminaron canalizados hacia sociedades comerciales ligadas a los hermanos Schoklender.
Frente a la acusación, las representaciones legales de los imputados solicitaron la absolución de todos los acusados. La estrategia defensiva se centró en solicitar la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, negando además la existencia de maniobras delictivas. Cabe señalar que el expediente cuenta con un segundo tramo pendiente enfocado en la ruta del dinero y el presunto delito de lavado de activos.
