El gobierno liderado por Javier Milei decidió avanzar con una demanda civil contra Cristina Kirchner, reclamando más de 22.000 millones de pesos. Tras la ratificación de la sentencia condenatoria en el caso Vialidad por parte de la Cámara de Casación, los abogados de Vialidad Nacional, bajo la actual gestión, remitieron dicha resolución al juez Civil y Comercial, Marcelo Dos Santos, para continuar con el proceso. Según el organismo estatal, la condena, que fue ratificada y ahora será evaluada por la Corte Suprema, establece la responsabilidad penal de Cristina y otros acusados, lo que fundamenta tanto la acción penal como la civil.
Antecedentes
En diciembre de 2022, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) emitiera una sentencia condenatoria contra la ex vicepresidenta, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros implicados en la maniobra fraudulenta, la Corte Suprema reactivó la demanda civil iniciada en 2019 por la administración de Mauricio Macri contra los acusados.
En ese momento, se determinó que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, bajo la dirección de Alejandro Nobili, debía intervenir en la acción civil presentada por Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner. Esta acción busca compensar los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional debido a los contratos viales adjudicados en Santa Cruz a Lázaro Báez, ex socio comercial de Kirchner.
Tiempo después, el caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado en lo Civil y Comercial 2, liderado por el juez Marcelo Bruno Dos Santos. Según informó el Diario Clarín, este juez rechazó recientemente una solicitud de Cristina Kirchner para declarar la caducidad del proceso. En su argumento, el abogado de la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) señaló que el expediente no había registrado actividad alguna desde octubre de 2023, durante el mandato de Alberto Fernández.
Dado que se trata de una demanda civil iniciada por el Estado contra Cristina Kirchner durante la gestión de Mauricio Macri, corresponde al gobierno impulsar el avance del reclamo. Esto se realiza a través del Procurador del Tesoro, quien lidera a los abogados del Estado. En la administración anterior, este cargo fue ocupado por Carlos Zannini.
