Tras las última Resolución (372/2025) publicada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich que prohíbe el funcionamiento de los Centro de Estudiantes en la cárceles del Servicio Penitenciario Federal, las unidades educativas reaccionaron a esta inhabilitación: “¡No vamos a permitir este atropello!”, comunicaron en las últimas horas, específicamente El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo), fue el primero en reaccionar.
Según el CECSo esta medida oficial vulnera el derecho a la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. Mientras tanto, la Resolución del Gobierno indica que la medida se fundamenta en la Ley N° 24.660, que regula la ejecución de penas privativas de la libertad y establece que el tratamiento penitenciario debe ser obligatorio en aspectos como la convivencia y el trabajo, mientras que otras actividades, como la educación, son voluntarias.
¿Por qué se estableció la medida?
El documento destaca que la permanencia prolongada de internos en centros educativos generó "relevantes alteraciones en materia de seguridad" y permitió que algunos internos avanzaran en el régimen progresivo sin cumplir con las obligaciones estipuladas, es por eso que desde el Gobierno Nacional se avanzó en esta Resolución para que las situaciones presentadas no ocurran nuevamente en el Servicio Penitenciario.
En un comunicado emitido por el CECSo se rechaza esta medida y además informa que para llevar a cabo el cumplimiento de esta norma se retiraron a miembros de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes Universitario de Ezeiza de su espacio, que hasta la implementación de la Resolución se encontraba en pleno funcionamiento. "Por medio de este decreto se busca cercenar un derecho tan elemental como el derecho a la educación superior. Esta resolución refuerza la distinción entre ciudadanos de primera y de segunda inhabilitando la participación política de los centros de estudiantes", remarcaron desde el CECSo.
