La exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut Cecilia Torres Otarola fue condenada a tres años de prisión en suspenso y castigada con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido encontrada culpable de contratar empleados fantasmas.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, celebró el fallo que sentenció a la ex ministra de Familia de la anterior gestión, y a su grupo de colaboradores, por el delito de fraude a la administración pública. «Sienta un precedente importante, sobre todo de cara a la ciudadanía, que hace mucho tiempo viene exigiendo transparencia a la política», expresó.
En el marco de la causa conocida como “Ñoquis calientes”, Torres Otarola fue encontrada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y de pedir retornos a los sueldos de asesores fantasma.
Los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri dictaron la pena de tres años de prisión en suspenso por considerar a la exfuncionaria responsable de los delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales (concusión).
El fiscal de la causa, Omar Rodríguez, había pedido hace dos semanas una condena de tres años y seis meses de prisión. La pena finalmente fue menor para la exfuncionaria, que continuará en libertad.
La exministra también fue condenada porque a tres de sus asesores legislativos —cuando era diputada provincial— les exigía que depositaran la mitad de sus respectivos sueldos, con el fin de obtener un rédito personal.
Torres Otarola, quien fue separada de su cargo en junio de 2020, deberá abonar las costas del proceso judicial y apegarse a distintas reglas de conducta, según dispuso el Tribunal de Justicia.
El fiscal había solicitado a los jueces que los cuatro funcionarios fantasmas, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, cumplan una condena de 2 años en prisión en suspenso.
La pena pedida por la fiscalía fue ratificada por la Justicia, que los encontró a todos culpables de montar una red de empleados públicos que no cumplían funciones y cobraban un sueldo igual.
Además, los tres jueces le agregaron a los cuatro funcionarios la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública como partícipes necesarios.
En la misma causa, previamente los jueces habían absuelto a Branco Rodera Niera y a Jaquelina Rodera, al no haber pruebas contundentes que demostraran que no cumplieron con las tareas por los contratos gestionados por Torres Otarola.
