Esta semana, el Gobierno irá por el mediador Daniel Pollack, el denominado “special master” que es responsable de la mediación entre los fondos buitre y la Argentina en el marco del tribunal neoyorquino del juez Thomas Griesa.  «El próximo paso es pedir la remoción del mediador que está actuando con parcialidad. Vamos a hacer la presentación formal y veremos que contesta el juez», explicó el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en una entrevista en Nacional Rock. «Más que mediador, Pollack se está poniendo la camiseta de los buitres porque no le está pidiendo nada a ellos”, opinó y sentenció: «(Los buitres) están de los dos lados de la mesa. En el mercado de capitales, lo que está absolutamente prohibido, es realizar transacciones comerciales manejando información privilegiada. No están solo manejando esa información, sino que la están creando. Son jueces y parte». Además, el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni planteó la posibilidad de una demanda. De este modo, el Gobierno de Cristina Kirchner no bajará los decibeles y continuará con la estrategia de aquí no a ha pasado nada. La postura argentina será seguir pagando los vencimientos (el próximo es en septiembre) y probablemente buscar una forma alternativa de girar ese primer vencimiento por 900 millones de dólares que quedó trabado (no embargado) en el Bank of New York por el fallo de Griesa. Esos 530 millones de dólares esperarán ahí hasta que la situación se destrabe, y tal como sugirió el ex ministro de Economía del kirchnerismo Roberto Lavagna, “lo primero que Argentina creo que tiene que hacer es seguir cumpliendo con lo que estaba cumpliendo hasta ahora; hay que olvidarse de esos quinientos y pico millones de dólares que quedarán ahí, que no están embargados pero están bloqueados, ni se distribuyen ni vuelven para Argentina; es una cuestión legal que se irá arreglando con el tiempo”. Lavagna también opinó en una entrevista con iEco que los fondos buitre “están buscando cobrar los seguros contra default (Credit Default Swaps)”. Esos Credit Default Swaps (CDS) son técnicamente contratos que aseguran cobrar bonos en caso de cesación de pagos. Hay 2.600 de esos contratos, por un total de US$ 1.000 millones, y los tenedores (entre los que están los mismos buitres) quieren cobrar ya porque entienden que estamos en situación de default. El reclamo ya fue ingresado el viernes pasado por la entidad UBS en el International Swaps and Derivatives Association (ISDA), organismo que regula el mercado de CDS. El quid de la cuestión allí es definir si efectivamente la Argentina está en default según los cánones de la ISDA. Retomando las posturas beligerantes, fue un ministro de nuestra Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien dijo que Cristina debería «explorar la posibilidad de demandar» a los holdouts. «Hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado», explicó a Página 12.  «El fallo es un escándalo jurídico (…) Griesa parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia. Esto plantea dos cuestiones diferentes. Primero, el actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte», afirmó. De cualquier modo, políticamente CFK sigue pensando que mantener el conflicto vale los sacudones que vivirá la economía real, porque entiende que esa postura fuerte de la Argentina reporta interesantes beneficios en materia dialéctica, por no decir electoral. Sólo el tiempo podrá decir si valió la pena la disputa a cara de perro con NML Elliot y Aurelius –insistimos, más allá de los justo del reclamo- que tienen a un juez de su lado, o si fue una bravuconada con consecuencias graves para el país, tal como pronostican políticos opositores y economistas varios desde las tribunas enfrentadas al Gobierno. El papel del jefe del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, aparece aquí como central, ya que maneja los hilos de las micro devaluaciones y es un experto conocedor de las cuestiones financieras. Habrá que ver si Cristina le da ese poder, o mantiene su idilio con Axel Kicillof, a quien incluso el ala dura del Gobierno quiere como jefe de Gabinete en reemplazo del agotado Jorge Capitanich.