El fuero penal de Rosario condenó a cuatro años y seis meses de prisión a Luis Emmanuel Benavidez, un enfermero del Policlínico PAMI II hallado culpable de sustraer medicamentos de uso exclusivo en áreas críticas para su posterior comercialización ilegal en plataformas digitales.
La sentencia, dictada en el marco de un proceso de juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa, incluyó una inhabilitación especial por el mismo período de la pena para ejercer la profesión sanitaria y desempeñarse en la función pública.
El expediente judicial comenzó a raíz de la denuncia formulada por el padre de E.G.M., un hombre de 37 años que fue encontrado sin vida en su domicilio, en agosto de 2023. Si bien los peritos no lograron establecer el motivo del deceso, tampoco descartaron un origen toxicológico, ya que en la casa de la víctima había una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio.
La entrega del teléfono celular del hombre de 37 años y otros elementos le permitió a las unidades periciales reconstruir el vínculo de E.G.M. con Benadivez, quien le ofrecía ampollas de fentanilo y el medicamento mencionado mediante Whatsapp.
Entre los elementos probatorios agregados a la causa, se destacó un audio en el que el condenado instruía sobre la manipulación de las dosis y advertía explícitamente a su comprador sobre la alta probabilidad de "pasarse para el otro lado".
Que le encontraron a Benavidez
Cuando se llevaron a cabo los allanamientos en el domicilio del condenado (septiembre de 2025), efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina incautaron cuatro ampollas de fentanilo, 99 frascos de bromuro de vecuronio, cerca de un centenar de jeringas e insumos médicos diversos.
El cotejo de trazabilidad confirmó que los lotes decomisados correspondían a partidas de insumos ingresadas originalmente al Policlínico PAMI II, el establecimiento en el que el acusado cumplía tareas profesionales desde 2014.
La Justicia atribuyó a Benavidez la comisión de los delitos de comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, hurto y tenencia ilegítima de arma de fuego, todos en concurso real.
La magistratura consideró como agravantes centrales la escala de los medicamentos sustraídos, la utilización del estatus profesional para vulnerar los controles del centro asistencial y la puesta en riesgo de la salud pública.
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