Las sentencias de un proceso que juzgó la corrupción como causa de las muertes de la Masacre de Once.
Condenados. La justicia se expidió acerca de la culpabilidad de los responsables de la masacre de Once. Sergio Cirigliano, 9 años de prisión. Juan Pablo Schiavi, 8. Ricardo Jaime, 6. Roque Cirigliano, 5 años. Funcionarios y empresarios, dos patas de la triada siniestra junto a la burocracia sindical -como definió al grupo el juez de instrucción- que se conformaron como los causantes de las 51 muertes ocurridas el 22 de febrero de 2012. También se condenó a los miembros del directorio de TBA, la empresa responsable del ferrocarril Sarmiento en aquel entonces. «Administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública con el agravante de 51 muertes», señalaba el presidente del tribunal en Comodoro Py al dar a conocer la sentencia. También fue condenado el motorman Marcos Córdoba. Todas las penas serán de cumplimiento efectivo una vez que el fallo que firme en la Cámara de Casación. «Hoy es un día de justicia», repetía María Lujan Rey, una de las figuras emblemáticas de la lucha por la condena a los culpables y quien perdiera a su hijo en Once. Con este fallo, dos funcionarios kirchneristas y empresarios que se beneficiaron con la corrupción de la década ganada serán los primeros presos luego de que cesara el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández. Presos por corruptos y asesinos.
Nadie olvidará cómo transcurrió aquella mañana del 22 de febrero de 2012.
El ferrocarril proveniente del oeste chocó al llegar a la estación terminal de Once. Cincuenta y un personas murieron entonces debido a los traumatismos que les ocasionó el accidente, unos, por asfixia entre la muchedumbre amontonada entre los fierros doblados de los vagones delanteros, los otros. Hubo más de setecientos heridos. Las sirenas de las ambulancias no cesaban de sonar.
Las imágenes del espanto se difundían en vivo por todo el país, mientras los teléfonos celulares de los pasajeros -muchos de ellos fallecidos ya- sonaban todos al mismo tiempo porque los familiares de quienes se trasladaban en las formaciones del Sarmiento para ir como todos los días al trabajo los estaban buscando desesperadamente. Fue una búsqueda desesperada que repetía los datos de las personas cuyo paradero se desconocía una y otra vez por la radio y la televisión. Los familiares deambulaban por hospitales y por la morgue. El clima social estaba atravesado por el dolor.
Comenzaba a desentrañarse una trama de corrupción, desidia y negocios que habían culminado con el choque fatal.
La empresa ferroviaria era regenteada por el grupo Cirigliano, propiedad de los hermanos Sergio y Mario,que recibía cuantiosos subsidios estatales. La investigación judicial dio por probado el desvío de fondos de esos subsidios que fueron usados en gastos personales de los entonces dueños de TBA. Los fondos no eran usados en la mantención de los ferrocarriles, sino que eran desviados para otros fines personales. Por caso, a cuenta de la rendición de los subsidios los Cirigliano pasaron facturas por perfumes y carteras comprados en Milán, Italia. Además, los trabajadores de EcoTrans -empresa de ómnibus que formaba parte del grupo empresario- encontraron un volquete con documentación que ardía con información contable de TBA. Por el entramado de corrupción fueron denunciados Ricardo Jaime, primer secretario de Transporte de Néstor Kirchner (y hombre de su total confianza, condenado recientemente por dádivas recibidas de parte de empresarios del sector), y Juan Pablo Schiavi, que al día siguiente de la masacre de Once declarara que, si hubiera ocurrido en un día feriado, habría habido menos víctimas. Todos imputados -junto al motorman Marcos Córdoba y el resto del directorio de TBA- por una masacre que conmovió al cuerpo social de la Argentina.
Hoy se conocieron las sentencias.
