Este lunes se resolvió el futuro judicial próximo de los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield acusados de abusar sexualmente de una periodista deportiva de 24 años. Tres de ellos deberán mantener prisión domiciliaria.

Luego de una audiencia de más de 10 horas, la magistrada Eliana Gómez Moreira informó las medidas que se llevarán a cabo mientras continúa la investigación. Mientras que a Sebastián Sosa se le permitió volver a Buenos Aires, a José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio se les asignó prisión domiciliaria en Tucumán. 

La jueza Laura Casas volvió a confirmar la prisión domiciliaria de 90 días para estos últimos tres futbolistas por presunto abuso sexual con acceso carnal, tras la audiencia del miércoles pasado. De esta forma, como todavía se encuentran alojados en la Dirección General de Investigaciones, deberán buscar un lugar en Tucumán en donde puedan quedar bajo vigilancia policial. 

En el caso del arquero Sebastián Sosa, todavía se mantiene con sus compañeros ya que no pudo reunir el monto necesario para pagar la fianza que lo dejará en libertad por los próximos 90 días. 

De igual manera, los cuatro jugadores continúan imputados pero con distintos grados de participación. Florentín y Cufré están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado, Osorio por abuso sexual con acceso carnal y Sosa como partícipe secundario del abuso sexual agravado. 

Si bien la defensa no estaba de acuerdo con la libertad de los jugadores, luego consideraron que era necesario para despejar la vía de apelación ante tribunales superiores del Poder Judicial tucumano. 

De hecho, tanto la fiscal Eugenia María Posse, como los representantes de la víctima, Juan Andrés Robles y Patricia Neme, se habían opuesto a la excarcelación de los imputados. 

La periodista deportiva, víctima del abuso, habría considerado “injusta” la excarcelación y la prisión domiciliaria ya que, según ella, los imputados van a poder gozar beneficios que a ella le son denegados.

Así mismo, del lado de la defensa hicieron hincapié en el miedo de la víctima de “cruzarse” con los imputados, justificando así su pedido para que fueran trasladados de vuelta a Buenos Aires, con obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.