El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas también se trasladó a la obra pública: en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei ya rescindió 11 proyectos de mejoras edilicias en casas de estudio de todo el país. “No son priorizadas”, aseguran en el Ministerio de Economía.
La decisión de la Casa Rosada se conoce en medio de la discusión por el presupuesto que el Gobierno destina al funcionamiento de las universidades, lo que provocó tomas y clases abiertas en la vía pública en todo el país.
En el Gobierno aseguran que las obras en cuestión se debieron haber terminado en 2023 y que presentaban fuertes retrasos. Se trata de proyectos que fueron iniciados durante la gestión de Alberto Fernández.
El Estado había invertido unos $1422 millones en estas obras que al momento del traspaso de Gobierno estaban en ejecución, pero que la gestión de Milei decidió rescindir.
El Gobierno redobla la apuesta contra las Universidades
En algunos casos se trataba de obras que estaban cerca de terminarse, pero otras tenían un muy bajo nivel de avance físico. Como sea, el Gobierno decidió dejar de financiarlas, lo que representa otra decisión que coloca tensión a la actual discusión: mientras las Universidades advierten que el presupuesto 2025 impedirá su normal funcionamiento, el Gobierno insiste con auditar sus gastos.
En el listado de obras que fueron rescindidas se encuentra el nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta que debía haberse terminado en mayo de 2023, pero se avanzó en tan solo un 35%. En la obra ya se colocaron $131 millones. El proyecto contempla la construcción de un sector de 2235 m2. La obra se paralizó.
Otro proyecto que se rescindió es la ejecución de la obra nueva para la Universidad Nacional de Rosario (Unidad Académica Facultad de Ciencias Veterinarias), que debía haberse finalizado en agosto de 2023, pero quedó en un 10.42%. Se pagaron 127 millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con un proyecto en la Universidad de Río Negro, en General Roca, en donde se pagaron $152 millones para una iniciativa que quedó trunca. Se debió haber finalizado en el octavo mes del 2023.
