El sistema judicial de la provincia de Corrientes formalizó la condena contra una docente de 57 años acusada de solicitar pagos monetarios a alumnas para garantizar la aprobación de sus asignaturas en la Escuela N° 563, ubicada en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini. La magistrada Simy Beatriz Benasayag, a cargo del Juzgado de Garantías de Mercedes, convalidó un proceso de juicio abreviado pleno en el que se imputó a la profesora por los delitos de exacción ilegal y abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública.
El fallo judicial determinó la pena de tres años de prisión en de ejecución en suspenso y la inhabilitación especial para desempeñarse en el ámbito educativo por el mismo período. Asimismo, la sentencia incluyó el pago de una multa pecuniaria equivalente al doble del monto cobrado indebidamente y fijó un resarcimiento económico directo en favor de las estudiantes que resultaron damnificadas durante el ciclo lectivo.
El modus operandi y la prueba documental de las extorsiones
El expediente judicial reunió evidencias que dieron cuenta de un patrón sistemático de exigencias económicas dirigidas a las estudiantes bajo la amenaza explícita de desaprobar las materias. Las investigaciones confirmaron episodios en los que la condenada requirió montos que oscilaban entre los 15 mil y los 150 mil pesos, utilizando tanto la entrega en efectivo como transferencias bancarias directas para concretar cobros informales que denominaba bajo el eufemismo de "productos".
Las pruebas aportadas a la causa incluyeron capturas de mensajería instantánea en las que la docente reclamaba el saldo adeudado por los alumnos para proceder con la carga de calificaciones. Los testimonios incorporados revelaron que esta práctica afectó a numerosos jóvenes a lo largo de varios años, derivando incluso en casos de deserción escolar involuntaria por la imposibilidad de las familias de afrontar los requerimientos financieros exigidos.
Medidas de reparación económica y pautas de conducta impuestas
La resolución de la jueza Benasayag dispuso una reparación económica integral dividida entre las alumnas afectadas en los hechos más recientes, sumado al pago de la sanción punitiva impuesta por el Código Penal para los casos de exacción ilegal cometida por funcionarios públicos. En paralelo, la condenada quedó obligada a fijar domicilio legal, someterse a controles periódicos ante la Oficina Judicial local y abstenerse de cometer nuevos ilícitos de cualquier índole.
Para garantizar la integridad y tranquilidad de las familias denunciantes, el fuero penal aplicó una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier vía a un radio de 100 metros respecto de las víctimas. Con esta medida, el Poder Judicial correntino sentó un precedente respecto de las responsabilidades administrativas y penales que atañen al personal docente en el ámbito de las instituciones educativas estatales.
