El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad investiga dos causas que involucran a miles de pensiones por discapacidad laboral truchas. En la primera, que detalla a unos 800 beneficiarios, representa el 10% del Municipio de Taco Pozo.
En ese expediente fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, sería aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El dinero exigido por parte de los “reclutadores” constan en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos.
“El 97 por ciento de esas Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral son truchas”, aseveró el fiscal. Se trata del expediente 2929/2023 caratulado como “defraudación contra la administración pública”.
La segunda causa involucra a unos 23.000 beneficiados, se investiga el mismo delito, involucra a 37 localidades de la provincia de Chaco como Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Corzuela.
La denuncia
El viernes 19 de julio el gobierno de La Libertad Avanza, denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que habría desviado 3.400 millones de dólares.
Una auditoría ordenada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
“Solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”, afirmaron desde la ANDIS. “Lo que descubrimos es escandaloso”, sostienen desde el organismo e informan que apenas se hizo cargo de la Agencia, Spagnuolo puso a disposición del fiscal Amad y de otros que investigan causas similares, toda la documentación que la gestión anterior le negaba y que resultaba imprescindible para avanzar en el expediente.
Los imputados
La puntillosa investigación de Amad reconstruyó el entramado corrupto de la “gran asociación ilícita que requería de sujetos en lugares y cargos claves tanto dentro de la administración pública, como fuera de ella”. Algunos de los implicados:
– Carlos Antonio Ibáñez. Hace veinte años que es el intendente del municipio chaqueño de Taco Pozo.
– Yanina Del Valle Mazza: Testigos afirman haberle pagado $15.000 para iniciar los trámites falsos. Ella misma fue beneficiada con una pensión por discapacidad por supuestamente tener Mal de Chagas.
– Marcela Patricia Peralta: médica y actual directora del “Hospital Rural Santa Rosa de Lima. “Tiene participación en las maniobras investigadas”, afirma el fiscal Amad.
– Eva Caro: empleada del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSEEP). Percibía un beneficio por discapacidad. Un testigo dijo que “quien le había gestionado la Pensión No Contributiva por discapacidad laboral fue la señora Caro, y que ella misma lo había incluido en el listado de recolectores de residuos del municipio”, trabajo que realiza a pesar de tener una incapacidad física “total”.
