Cristina Kirchner sumó a un reconocido abogado brasileño para reforzar su estrategia judicial

La ex presidenta incorporó al jurista Rafael Valim al equipo que prepara las presentaciones ante organismos internacionales para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad. La defensa también cuenta con especialistas europeos y el respaldo de un comité político.
Por: #BorderPeriodismo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner amplió el equipo que lleva adelante su estrategia jurídica fuera del país al incorporar al abogado brasileño Rafael Valim, un especialista en Derecho Constitucional y derechos humanos que participará en la elaboración de las acciones que la defensa planea impulsar en organismos internacionales. La incorporación fue confirmada por personas cercanas a la ex mandataria, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre cuándo comenzará a intervenir formalmente ni cuáles serán las primeras presentaciones que realizará junto al resto del equipo.

La llegada de Valim forma parte del plan que el kirchnerismo viene desarrollando desde hace tiempo para trasladar la discusión de la causa Vialidad al ámbito internacional. El objetivo es sostener que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y que la condena contra Cristina Kirchner estuvo atravesada por motivaciones políticas.

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La trayectoria del letrado

Con una extensa trayectoria académica y profesional, Valim es reconocido en Brasil por su trabajo en Derecho Público, Constitucional y Administrativo. A lo largo de su carrera participó en causas de relevancia ante el Supremo Tribunal Federal brasileño y también intervino en distintos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en Naciones Unidas como en los sistemas interamericano y europeo.

Además de su actividad como abogado, desarrolló una importante carrera docente en universidades de Brasil, Europa y el Reino Unido, y publicó diversos trabajos especializados. Entre ellos se destaca un libro dedicado al concepto de "lawfare", una teoría que denuncia el uso del sistema judicial con fines de persecución política y que constituye uno de los principales argumentos impulsados por la defensa de la ex presidenta.

Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, quien ya integra el equipo internacional de Cristina Kirchner. Borrego cuenta con experiencia en tribunales europeos, fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también integró el Tribunal Supremo de España.

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La estrategia jurídica se complementa con una campaña política internacional impulsada por el denominado Comité Cristina Libre, un espacio conformado por dirigentes y referentes del kirchnerismo que busca difundir en distintos países la postura de la ex mandataria sobre el proceso judicial que culminó con su condena.

Entre quienes integran ese comité figuran dirigentes como Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Horacio Pietragalla, Juan Martín Mena, Franco Metaza, Sol Magno, Raúl Zaffaroni y Sabino Vaca Narvaja, entre otros. Desde su conformación, el grupo mantiene reuniones con referentes políticos, organismos de derechos humanos y distintas instituciones internacionales para exponer su posición sobre la causa.

Mientras avanza esa tarea política, los abogados trabajan en la preparación de futuras presentaciones ante organismos internacionales. Una de las alternativas analizadas es acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, iniciando el trámite ante la Comisión Interamericana, con la posibilidad de que el caso llegue posteriormente a la Corte Interamericana.

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Otra opción que estudia la defensa es recurrir a mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, una vía que años atrás también fue utilizada por la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso judicial que enfrentó en su país. Con esta incorporación, el equipo que representa a Cristina Kirchner busca fortalecer el frente internacional de la defensa y avanzar con una estrategia que trascienda el ámbito judicial argentino, en un intento por cuestionar la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

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