El presidente norteamericano Joe Biden quitó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y, en respuesta, el gobierno de ese país anunció la liberación de 553 presos.

En ese sentido, el presidente del país caribeño Miguel Díaz-Canel anunció la medida al Papa Francisco, pero reconoció que se debió llevar adelante “un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la ley”.

Asimismo, desde Washington un funcionario de la administración Biden indicó que “se ha completado una evaluación, y no tenemos información que respalde la designación de Cuba como patrocinador estatal del terrorismo”, afirmó un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato.

Además, señaló que el acuerdo se trata de “un gesto de buena voluntad con el fin de facilitar la liberación de las personas injustamente detenidas” en la isla.

Con respecto a las 553 personas que liberará el régimen cubano, se aclaró que no se brindarán detalles sobre quienes serán los beneficiarios de la medida, pero adelantaron que podrían formar parte los detenidos por formar parte de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, donde en plena pandemia la gente salió a la calle con varios reclamos.

De acuerdo al comunicado difundido por la cancillería cubana, “en los primeros días de enero, el Presidente Díaz-Canel dirigió una carta al Sumo Pontífice en la que, en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad y que recién comienza, comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”.

“Las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación, y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba. Estas personas recibirán sus respectivos beneficios gradualmente”, afirma otro párrafo del texto.
Desde la Casa Blanca destacaron el rol del Papa Francisco para llegar a un acuerdo entre las partes, donde afirmaron haberse coordinado “con una serie de actores, incluida la iglesia católica”.

Por último, destacaron que “se buscó crear un entorno que favorezca “la liberación de los defensores de los derechos humanos, incluidas las personas detenidas durante las protestas de julio de 2021″.