El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, pusieron en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Rosario, tras los duros meses de violencia narco que sufrieron los habitantes.
Con este cambio es que el gobierno de Javier Milei apuesta por agilizar los procesos judiciales y darle más poder a los fiscales en las investigaciones de delitos que recaen en el ámbito federal. “Se supera un código fuera de vigencia, que no bridaba un servicio social”, aseguró Libarona. A su vez, resaltó que esta iniciativa es parte de “cambiar el país en todas sus áreas”.
“Somos un grupo sólido, decidido y coherente: Todos tenemos el objetivo de una Justicia mejor”, afirmó el ministro que al ser consultado por los cambios concretos para la ciudad de Rosario explicó que se sumaron «cinco salas de audiencia y tecnología», mientras que también se hicieron obras en localidades como San Nicolás, Venado Tuerto, Rafaela y la capital provincial.
Libarona resaltó que se hicieron inversiones en «capacitación, tecnología e infraestructura edilicia para reforzar las tareas de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe”.
También se encargó de remarcar los adelantos tecnológicos y señaló que se compraron dispositivos para poder desbloquear y analizar teléfonos celulares de delincuentes y extraer los datos que contengan y pueda aportar material para investigaciones.
El ministro de Justicia añadió que este nuevo sistema busca un Juez que sea “un tercero imparcial”, lo que permitirá que no interfiera en las investigaciones y que muchas causas grandes “no se resuelvan de maneras alternativas” sin llegar a los tribunales.
El narcotráfico y sus amenazas
La ministra Patricia Bullrich destacó el programa de tres etapas que tiene el Gobierno para combatir las bandas criminales: el primero paso está relacionado a la presencia de las fuerzas de seguridad en los lugares, “saturar de las mismas los espacios”. Lo segundo es la tarea de inteligencia sobre los grupos de delincuentes, para cortarles la comunicación desde las cárceles, “como ya se hizo con los Cantero” y por último señaló la rapidez con que las causas abiertas deben encontrar resolución.
Por último, la ministra aseguró que el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad “está entrando al Congreso, a la espera que el Presidente regrese de su viaje”.
