José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo y uno de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) desmintió “categóricamente” la información publicada hoy por el diario La Nación, que lo involucraría, junto a otros funcionarios nacionales, en el manejo del dinero negro de la política.
“Desmiento CATEGÓRICAMENTE la información que sugiere un artículo hoy del diario @LANACION – a partir del escrito de un abogado que litiga en los EE.UU. contra la provincia de Buenos Aires – que yo habría realizado operaciones financieras ‘aparentemente ilícitas’ ”, comenzó “el Vasco” en su cuenta de X. “Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está TOTALMENTE DECLARADO ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción. No somos todos lo mismo en la vida pública del país”, concluyó.
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Y es que De Mendiguren quedó en el ojo del huracán, luego de que el periodista Carlos Pagni publicara una nota basada en un documento proveniente de EEUU vuelve a poner sobre la mesa el tema del dinero negro de los funcionarios argentinos. Según lo expuesto por el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, mientras Sergio Massa imponía controles de capital, De Mendiguren utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.
Hranitzky presentó un escrito ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para pedirle que le solicite al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y funcionarios de la Argentina, particularmente de la provincia de Buenos Aires.
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En plena campaña presidencial, y en un contexto donde estallan casos como el de “Chocolate” Rigau y el Escándalo Insaurralde, el modo de financiamiento de la política argentina continúa siendo uno de los ejes de la conversación pública actual.
Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el pasado 29 de marzo ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Se trata de bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.
Según la presentación de Hranitzky ante el tribunal de Manhattan, Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica. Otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades respecto al caso y se espera que sigan apareciendo datos sobre estos movimientos de dinero.
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