El Gobierno avanza en su plan de desregulación y simplificación del Estado con la implementación del decreto “Burocracia Cero” (Decreto 90/25) que se publicará el próximo lunes. El documento forma parte de una iniciativa que busca eliminar normativas obsoletas, trámites innecesarios o que obstaculicen la actividad económica y la libre competencia para mejorar la eficiencia de la Administración Pública y reducir la carga burocrática sobre ciudadanos y empresas.
La medida instruye a todas las jurisdicciones y entidades del sector público a realizar un relevamiento normativo dentro de los próximos 30 días. En dicho período deberán identificar aquellas regulaciones "que resulten redundantes u obstaculicen la actividad económica y la libre competencia".
Qué dice el Decreto "Burocracia Cero"
El informe deberá incluir propuestas de derogación o modificación, justificadas en criterios de obsolescencia, sobrecostos para el sector productivo o restricciones injustificadas al mercado, según un comunicado de la cartera de Desregulación. En su primera etapa, el análisis se enfocará en Leyes, DNU, Decretos delegados y Decretos.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de dictar las normas aclaratorias necesarias para garantizar la correcta implementación del decreto "Burocracia Cero". Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su compromiso con la modernización del Estado, promoviendo mayor certeza jurídica y un marco regulatorio más claro y eficiente para el desarrollo económico del país.
El ministro Federico Sturzenegger afirmó que “la Motosierra 2.0 es la aceleración del reordenamiento administrativo del Estado, pero llegó el momento de la Desregulación 2.0, es decir, de la profundización del proceso de desregulación”.
Y explicó: “La Argentina, a grosso modo, tiene 27.000 leyes, 70.000 decretos y unas 200.000 resoluciones. El digesto jurídico recopiló 4.600 leyes, pero el estatus jurídico del resto es incierto". Un ejercicio de limpiar los decretos (designaciones y las que ya cumplieron su plazo) lograría reducir el número a unos 4.500, apuntó el Ministro.
"Con 144 días restantes en las facultades delegadas, urge la revisión. Las resoluciones, por su lado, parecen un mundo inabarcable (...) Nuestro marco normativo es un laberinto de cristal que construimos y del que no se puede salir sin derribar paredes”, concluyó.
