La Justicia Federal ratificó y amplió la denuncia contra dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa, acusados de malversación de fondos y espionaje ilegal. La medida coloca a Francisco Javier Moliterno y Marco Alberto Constenla al borde del despido, mientras las investigaciones se intensifican, y se suman pruebas en su contra.

Se trata de la causa del litio, un caso que captó la atención nacional, y que involucra a Moliterno y Constenla, quienes están vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). La modalidad delictiva consistía en realizar primero un espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio para dar la información a empresas alemanas. En la operativa Moliterno habría colaborado con personal de la Armada Argentina y militares de la embajada alemana, recibiendo pagos por información de inteligencia.

"La tarea de los denunciados consistiría en hallar alguna situación o hecho que puedan complicar a los dueños de las firmas argentinas y bolivianas y así extorsionarlos con el objetivo de que les vendan las empresas a los alemanes y así quedarse con toda la explotación del litio en el norte argentino y en Bolivia", se detalló en la denuncia.

Según las fuentes judiciales, además, ambos habrían desviado fondos destinados a viáticos y racionamiento para su beneficio personal.

La denuncia, inicialmente anónima, fue presentada al Juzgado Federal número 2, dirigido por Sebastián Ramos. En esta, se detalla cómo Moliterno habría utilizado fondos públicos para financiar vacaciones familiares, justificándolo con pedidos oficiales de viáticos. Un ejemplo prominente incluye un viaje a Chubut, donde se solicitaron fondos públicos. Sin embargo, fotos en redes sociales mostraban a Moliterno disfrutando del paisaje con su familia, evidenciando el uso indebido de los fondos.

Además de Moliterno, el actual director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla, también enfrenta serias acusaciones; y ambos están con los días contados en el ministerio liderado por Luis Petri.

El juez Ramos debe determinar si estas operaciones responden a directivas del gobierno alemán o a iniciativas de empresas privadas. Con la ratificación y ampliación de la denuncia, se espera que la Justicia avance rápidamente para esclarecer estos graves cargos de "defraudación pública al Estado", "malversación de fondos públicos", "abuso de poder" e "inteligencia clandestina".

Este caso no solo expone la corrupción y abuso de poder en el Ministerio de Defensa, sino que también revela una red de espionaje con posibles implicaciones internacionales, afectando la explotación de uno de los recursos más valiosos de la región: el litio. La Justicia Federal tiene ahora la tarea de desentrañar esta compleja trama y llevar a los responsables ante la ley.