La Coalición Cívica (CC) denunció ante la Justicia que el PAMI compró medicamentos oncológicos con sobreprecios durante la gestión de la extitular de la obra social de los jubilados, Luana Volnovich.

En la presentación, que también fue realizada en contra de un grupo de laboratorios, se especifica que los precios habrían sido 16 veces más caros.

“Vengo a denunciar a la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales, a Laboratorio Elea Phoenix S.A., GP Pharm S.A., Laboratorio Kemex S.A., Biosidus, Raffo S.A.”, expresó la exdiputada Elisa Carrió en el documento acerca del supuesto delito de defraudación contra la administración pública.

En colaboración con el diputado Hernán Reyes, se solicitaron varios pedidos de acceso a la información para obtener los precios que se abonaron por parte del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para adquirir ocho medicamentos que están destinados para el tratamiento de pacientes oncológicos.

En 2023, PAMI utilizó dos mecanismos diferentes para comprar medicamentos, y de su comparación “surgen diferencias de precio que no se justifican por razones de mercado ni por métodos de pago”. Según se explica, “el proceso de compra de medicamentos implica cierta complejidad técnica”, y PAMI emplea dos procedimientos principales: el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas.

Históricamente, existió un sistema conocido como el Convenio PAMI-Industria, diseñado para asegurar a los afiliados el acceso a medicamentos a precios pactados, con una financiación compartida entre las partes involucradas. Este esquema incluye la participación de cámaras del sector farmacéutico como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Cooperala (Cooperativa de Laboratorios Argentinos) y CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales).

Por su parte, PAMI actúa como el negociador y responsable de los pagos en representación de sus afiliados, mientras que las farmacias distribuyen los remedios bajo las condiciones establecidas en el convenio, según lo señalado en la denuncia presentada por Elisa Carrió.

La denuncia, que se encuentra en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, afirma que “se fijaron precios diferenciados de manera alevosa respecto de los mismos medicamentos en uno y otro procedimiento de contratación”.

Además, detalla que, desde un punto de vista económico, los productos adquiridos a través del Convenio Marco deberían tener precios más bajos debido a la negociación directa con las cámaras farmacéuticas, algo que no ocurre en las licitaciones públicas, especialmente en casos donde solo hay dos o tres laboratorios oferentes. Sin embargo, los resultados de las compras realizadas en 2023 reflejan “exactamente lo contrario”, según indica la Coalición Cívica (CC).