Diputados dio media sanción al proyecto para la regularización de la tenencia legítima de armas y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La iniciativa recibió 142 votos a favor, sumados entre el oficialismo y la oposición dialoguista, en tanto que Unión por la Patria (con la excepción de Ana Aubone que se abstuvo). También se dio media sanción a la ley Antimafias.
Lo que se votó este martes fue la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego que, según el Gobierno, incorpora un procedimiento más ágil y sencillo para la regularización de la tenencia legítima de armas a través de una declaración que puede realizarse de forma virtual.
Con la sanción de esta ley, cualquier persona que renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
El proyecto fue enviado por el Gobierno en mayo de este año con las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.
Además, el proyecto otorga una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027. Este programa permite a quien tenga armas no autorizadas entregarlas de manera voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin consecuencias legales.
Diputados dio media sanción a la ley Antimafias
Cerca de la medianoche, el oficialismo y aliados lograron también la media sanción de la ley de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocida también como ley Antimafias. En la votación general, la norma recibió 137 votos afirmativos, 92 negativos y ninguna abstención.
La ley tipifica el crimen organizado, agrava las penas para los que se consideren miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: «Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización».
La normativa propone la figura de “Zona Sujeta a Investigación Especial” mediante la que se establecen mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios. Además permite el decomiso anticipado de cualquier bien que «presumiblemente» sea producto de las actividades descriptas en la ley.
Asimismo, habilita a las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, a la incautación de mercadería, a realización de requisas en establecimientos penitenciarios, a la inmovilización de activos y a la intercepción de «llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación».
El texto fue aprobado con modificaciones. Ahora, tras su tratamiento en Diputados, pasará a ser analizado por el Senado de la Nación.
