El presidente Javier Milei envió este viernes al Congreso de la Nación el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. La medida deberá ser tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles. Hasta el momento, no se formaron las comisiones correspondientes para su tratamiento.
El extenso decreto ingresó específicamente al Senado, desde donde se encargarán de formar la Comisión Bicameral que debe estar integrada por ocho senadores y ocho diputados, elegidos por el oficialismo y la oposición de las Cámaras.
Una vez transcurrido los 10 días de su tratamiento, la Comisión compuesta por ambas cámaras emitirá un dictamen respecto de la validez de la medida. En el caso de avanzar, el Decreto tiene que ser aprobado por una de las dos cámaras legislativas para mantener su vigencia. Para que el decreto pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.
El mega decreto que envió el Ejecutivo al Senado viene sufriendo múltiples frenos por parte del Poder Judicial. El primer fallo que intentó detenerlo llegó a partir de la Cámara Nacional del Trabajo durante, que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que se dictó una medida cautelar. De esta manera, la Cámara de Trabajo consideró que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el presidente pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional y suspendió los artículos del mega DNU vinculados a reformas en el ámbito laboral.
Tras hacerse oficial la decisión de la cámara del trabajo, el Gobierno anunció la presentación de una apelación al fallo elaborada por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. De todas formas, el mega decreto tuvo un nuevo revés cuando la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del decreto de Milei.
A tan solo un día después de la primera cautelar, la Cámara del Trabajo volvió a realizar una segunda cautelar mediante una solicitud de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), que conduce Hugo Yasky.
