La investigación sobre un posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue tomando impulso con nuevas medidas judiciales. El fiscal Gerardo Pollicita focalizó su atención en las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

En este marco, el fiscal convocó a declarar como testigo al contratista a cargo de las obras, Matías Tabar, representante de la empresa Grupo AA. La citación está prevista para el 24 de abril a las 9 horas en los tribunales de Comodoro Py.

El pedido de la documentación

Pollicita solicitó al contratista que aporte toda la documentación relacionada con los trabajos, que incluye presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de obra, facturas y comprobantes de pago. Además, pidió cualquier tipo de comunicación que haya mantenido con Adorni o con su esposa, Bettina Julieta Angeletti, titular del inmueble.

También se requirió que Tabar entregue constancias de todos los pagos efectuados, independientemente del medio utilizado, ya sea dinero en efectivo, transferencias bancarias, cheques, tarjetas o cualquier otra modalidad. Deberá brindar detalles sobre cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU o CVU, y los instrumentos utilizados para recibir los pagos, con identificación de fechas, montos y pagadores.

La propiedad en cuestión fue adquirida por Angeletti en noviembre de 2024, momento en que también efectuó el pago de la tasa de ingreso al country. En paralelo, la fiscalía reiteró un pedido a la administración del barrio para obtener datos sobre las expensas y el pago inicial, ya que no se recibió respuesta a un requerimiento anterior.

Lijo ordenó levantar el secreto bancario

En otro avance procesal, el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa vinculada a la familia. Este paso busca analizar con detalle los movimientos patrimoniales y financieros registrados entre 2022 y 2025. Además, la fiscalía citó a otros testigos vinculados con recientes operaciones inmobiliarias, como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Los convocados deberán declarar bajo juramento y aportar documentación relevante, incluyendo mensajes, correos electrónicos y otros registros digitales.

Esta causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y advirtió un crecimiento considerable de su patrimonio en los últimos años. La Justicia continúa trabajando para reconstruir el origen de los fondos y detallar las operaciones involucradas.