En el límite del plazo procesal fijado por los tribunales federales de los Estados Unidos, el Estado argentino formalizará un pedido de revisión sobre el fallo que lo condena a abonar más de 390 millones de dólares. La estrategia técnica es encabezada por la Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la conducción de Sebastián Amerio, con el objetivo de agotar las instancias ordinarias antes de evaluar una eventual presentación ante la Corte Suprema del país norteamericano.

La medida busca cuestionar la ratificación dictada semanas atrás por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia. Aquel pronunciamiento respaldó el reclamo formulado por el fondo Titan Consortium, cesionario de los derechos económicos que pertenecían al Grupo Marsans tras la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral concretada en el año 2008.

El eje técnico de la controversia y los plazos de prescripción

El debate central elevado ante la jurisdicción de Washington no se enfoca en las condiciones políticas o económicas en las que se llevó a cabo la estatización de la línea aérea, sino en el encuadre normativo sobre la validez temporal del reclamo. Mientras la representación legal de la Argentina argumenta que la acción ejecutiva se encuentra prescripta al aplicar un plazo límite de tres años, la Justicia estadounidense determinó que corresponde un marco de prescripción de doce años.

Esta divergencia de criterios permitió que el laudo arbitral dictado originalmente en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por un monto inicial de 321 millones de dólares mantenga su vigencia de cobro. La acumulación de intereses y costas legales a lo largo del proceso judicial derivó en la cifra actual que supera los 390 millones de dólares.

Extensión de tiempos y proyección en el tribunal supremo

La decisión del Gobierno nacional implica formular un recurso de revisión parlamentaria o en pleno dentro de la misma Cámara de Apelaciones, descartando por el momento la solicitud de una suspensión cautelar de la ejecución. Este paso busca dilatar la consolidación de la sentencia de primera instancia y resguardar los activos estatales ubicados en el exterior ante eventuales pedidos de embargo.

En caso de recibir una respuesta desfavorable en esta etapa de reconsideración, la Argentina conservará la opción de solicitar la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No obstante, al tratarse de un fuero que selecciona de manera discrecional las causas que analiza, la Procuración optó por agotar previamente todos los remedios procesales disponibles en la escala inferior para demorar un desembolso definitivo.