Tras ordenar las auditorías de las pensiones por Invalidez laboral, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que más de 330 prófugos de la justicia cobraban esta pensión.
En ese contexto, desde el gobierno anunciaron que se ha llevado a cabo un exitoso operativo para dar con 14 de los prófugos que cobraban irregularmente, «en un esfuerzo por fortalecer la transparencia y dar fin al mal uso de los recursos del Estado», según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La ANDIS actuó en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el de Justicia, que permitió identificar la existencia de los 331 pensionados irregulares. Posteriormente, el Gobierno decidió citar entre lunes y martes a los 131 beneficiarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) a su correspondiente auditoría «para ponerlos a disposición de la justicia o efectivizar su encarcelamiento en caso de corresponder», destacó Adorni.
De los 70 citados, fueron notificados efectivamente un total de 31, y 17 se
presentaron a la auditoría. De ellos, 10 requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad, «quienes procedieron a ponerlas a disposición de la justicia, y uno de ellos quedó detenido», resaltaron desde el gobierno nacional.
Al siguiente día, el martes, los citados fueron 61 y se notificó efectivamente a 20 beneficiarios. De estos asistieron 16 y 3 de ellos fueron detenidos. «En el registro se sumó una persona que pesaba con pedido de captura pero ya estaba preso», continuaron en el comunicado.
En total se dio con 14 personas que se encontraban prófugas de la justicia y cobrando las pensiones por invalidez laboral.
Por otro lado, sobre las auditorias generales en la Agencia, los resultados parciales arrojan que al 75% de ese universo, no le correspondería la pensión. Los detenidos tendrían baja inmediata del beneficio.
Así, desde la Agencia Nacional de Discapacidad reafirmaron «su compromiso con la transparencia y la justicia, y continuará trabajando en colaboración con las autoridades pertinentes para garantizar la optimización de los recursos del Estado, dando fin a viejas prácticas de hacer política con el dinero de los contribuyentes».
