El exsubdirector del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Daniel Alfredo Neira, fue apartado de su cargo, cobró una indemnización millonaria y, un día después, reingresó a la administración pública como gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El 24 de julio, el funcionario recibió la notificación de la rescisión de su contrato. El 28, cobró la indemnización y el 31 quedó formalmente desocupado. Sin embargo, el 1 de agosto lo volvieron a contratar para trabajar en el INTA.
Además, según informó Mariana Fernández Camacho para Tiempo Argentino, Neira había comenzado las gestiones para su designación en el INTA el 1 de julio, varias semanas antes de su salida del ENACOM.
Fuentes del sector señalaron al medio citado que él debió tramitar un traslado o presentar su renuncia en lugar de percibir el resarcimiento. “Fue un fraude orquestado con los directivos”, afirmaron y sugirieron que la maniobra buscó asegurar la percepción de los fondos antes de asumir funciones bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura.
Neira, contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, ingresó en 2012 a la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y desempeñó cargos de gestión contable hasta alcanzar, en 2025, la Subdirección de Contabilidad y Finanzas del ENACOM, posición clasificada en la máxima jerarquía escalafonaria. Por esta trayectoria, la suma abonada en concepto de indemnización ascendió a $109.781.999,73.
La controversia legal y las críticas a la gestión estatal
Especialistas en derecho administrativo advirtieron a Tiempo Argentino que el procedimiento vulnera la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, la cual concibe al Estado como un empleador único.
“La jurisprudencia civil y administrativa determina que no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción. El funcionario se expone a demandas por repetición de pago, que implicarían la devolución del dinero, por parte del fisco”, indicó el abogado especialista Carlos Fernández.
El episodio generó rechazo en las dependencias del ENACOM, donde remarcaron la disparidad entre la suma otorgada y el nivel salarial promedio del personal. Representantes del sector cuestionaron la erogación de recursos públicos en el marco del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno, al tiempo que advirtieron que el monto entregado equivale a la masa salarial mensual de cerca de 80 empleados del organismo.
AS
