A través del Decreto 149/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó que ya no será obligatorio el aporte económico de las empresas a las cámaras empresariales. Esta práctica estaba oficializada en algunos convenios colectivos y generaba controversia entre los empleadores. Según el Gobierno esta medida (de aportes obligatorios) carece de fundamento normativo.
Varios convenios colectivos incluían cláusulas que imponían a contribuciones a favor de cámaras empresariales firmantes, exigidas incluso a empleadores que no están afiliados ni asociados a esas entidades. “Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”, reza el primer articulo del Decreto.
Los sectores más afectados por las contribuciones
El comercio es el sector más afectado a través de las contribuciones obligatorias, las mismas ascienden a $6.000 millones mensuales, que eran destinados teóricamente a actividades de capacitación.
El INACAP (Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio) es financiado por un aporte mensual obligatorio de los empleadores, equivalente al 0,50% del salario inicial. Si tomamos el caso de un trabajador en la categoría Maestranza “A”, durante el mes de marzo, el aporte asciende a $4.725,02 por cada empleado. El monto lo paga el empleador y no se descuenta del sueldo del trabajador
Lo que cambia, a partir del Decreto 149/2025 es que quienes deseen seguir aportando a las cámaras empresariales podrán hacerlo de manera voluntaria, sin imposición legal. Asimismo, el Ejecutivo oficializó que no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan estos aportes.
Esta decisión del Gobierno está enmarcada en las ideas libertarias que lo caracterizan, es decir, la libertad de asociación, es el criterio utilizado para llevar a cabo estos cambios. Se entiende entonces que las cámaras solo representan a sus afiliados y no pueden extender su poder de recaudación a empresas que eligen no formar parte de las mismas.
