El Gobierno nacional anunció que ampliará las acciones judiciales contra empresas que estarían realizando actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación será impulsada por la Cancillería y la Procuración del Tesoro, luego de la denuncia presentada la semana pasada.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El funcionario aseguró que la administración de Javier Milei continuará utilizando distintas herramientas para defender el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
Una nueva presentación ante la Justicia
Ravier explicó que el Gobierno incorporará a otras compañías a la denuncia que ya había sido presentada por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Según señaló el vocero, las nuevas acciones estarán dirigidas contra empresas que, de acuerdo con la posición oficial, estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y en incumplimiento de la Ley 26.659. Esa normativa establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina cuando las actividades no cuentan con la correspondiente autorización.
Durante su exposición, Ravier volvió a remarcar que para el Gobierno la recuperación de las Islas Malvinas constituye una cuestión que no admite renuncias. En ese sentido, sostuvo que el reclamo argentino se fundamenta tanto en razones históricas como jurídicas. El funcionario también recordó la ocupación británica de las islas en 1833 y cuestionó las actividades que, según la postura argentina, se realizan de manera unilateral en el territorio en disputa.
Además, hizo referencia al pedido de la Organización de las Naciones Unidas para que no se adopten acciones unilaterales mientras permanezca sin resolución la controversia de soberanía.
Más medidas contra las empresas
El Gobierno anticipó que la ampliación de la denuncia alcanzará a nuevas compañías que estén vinculadas con actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las islas. Ravier afirmó que el Ejecutivo continuará recurriendo a mecanismos diplomáticos, económicos, judiciales y legales para intentar impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que, desde la perspectiva oficial, afecten los derechos argentinos sobre las Malvinas.
De esta manera, la administración nacional busca profundizar la estrategia judicial contra las compañías relacionadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en el archipiélago.
